Durante la jornada de este martes el abogado de la Fundación Verdad y Justicia, Raúl Meza, ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la conversión del penal Punta Peuco a una cárcel común.

El recurso interpuesto en nombre de los internos del penal, apunta que el actuar del Presidente Gabriel Boric, es “ilegal y arbitrario”, a la vez que sostiene que el decreto vulnera los derechos constitucionales a la vida y a la integridad física y psíquica de los internos.

Según señaló el abogado Raúl Meza, “Sabemos la externalidad negativa que se provoca dentro de una cárcel. Tráfico, violencia, hurto, robo. ¿Eso queremos para Punta Peuco o eso es lo que quiere el presidente Boric para Punta Peuco? Que lo diga abiertamente, que no tiene razones de carácter jurídico constitucional y que tiene razones de carácter político o de venganza política".

De acuerdo a lo que argumentan en el recurso “constituye una amenaza evidente y manifiesta al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los internos que cumplen condena en el penal de Punta Peuco, al mezclarse con la población de reos comunes, viéndose expuestos los internos de este penal a peleas, conflictos y riñas con estos últimos, como así acontece en las cárceles comunes”.

“La población de reos comunes que llegara al Penal de Punta Peuco serán jóvenes, violentos y refractarios, constituyéndose estos, en un riesgo inminente sobre la vida y la integridad física de los internos adultos mayores que cumplen condena en dicho penal”, añade el documento apuntando que “la segmentación es clave”, en orden a prevenir, anticipar y minimizar la ocurrencia de riñas y agresiones".

Es así como el abogado, señaló que “entonces yo me pregunto, y le pregunto al señor Boric o el Ministro de Justicia, ¿Se preguntaron si se puede hacer o pueden convivir reos ancianos y enfermos, y reos jóvenes y violentos?“.

En el documento, además se citan documentos como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Americana sobre Derechos Humanos con el fin de argumentar que el estado infringe el deber de proteger a los adultos mayores que se encuentran presos en el lugar.

“Queremos que los tratados de derechos humanos se apliquen en este caso, porque existe una convención interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores, suscrita en gobierno de Bachelet, donde establece expresamente que a los adultos mayores debe tratárseles con dignidad, especialmente a los privados de libertad”, señaló el abogado.

Finalmente, en el recurso se solicita que se declare ilegal o arbitrario el decreto presidencial y que se mantenga Punta Peuco como un penal especial.

Conversaciones con candidatos para revertir decreto

En la ocasión, el abogado apuntó a que si el recurso no prospera espera que el nuevo gobierno lo deje sin efecto.

“Hemos tenido contacto con al menos tres candidatos presidenciales, respecto a los cuales hubo un compromiso personal respecto a que esta decisión que la consideran arbitraria, extemporánea, como lo dijo el candidato Kast hace 24 horas, van a tomar una decisión para revertir”, mencionó.

De acuerdo a lo que apuntó que “No solo estos tres candidatos han asumido un compromiso respecto a este decreto supremo para dejarlo sin efecto en un eventual gobierno, sino que además, respecto de alguno de ellos, hay compromiso para indultos presidenciales. Y nosotros nos vamos a encargar de que ese compromiso se cumpla”.

“Un presidente de la República tiene, de acuerdo a la Constitución, una facultad exclusiva y excluyente de orden constitucional. Y por lo tanto, si el Presidente en su momento estima que existen antecedentes suficientes para indultar a una persona condenada por causas de derecho humano, es absolutamente dentro del marco constitucional”, señaló.