A mediados de ese mes el Tribunal Constitucional (TC) ratificó, en lo grueso, la medida contemplada en la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social. Su promulgación se espera para los primeros días de este mes, a la espera de que el TC evacúe su último fallo al respecto.

En concreto, la iniciativa rebaja la tasa del impuesto a las empresas de 27% a 23% -con gradualidad-, y junto con ello abre la posibilidad para que las inversiones puedan acogerse a un régimen de invariabilidad impositiva en el tiempo, a cambio de tributar 1,5 puntos porcentuales adicionales.

Así, las inversiones de US$50 millones hacia arriba pueden firmar un contrato de invariabilidad por 10 años, por 15 años las de US$100 millones y más, y por 20 años las que partan en los US$350 millones.

Loreto Pelegrí, socia Asesoría Legal y Tributaria de PwC Chile, señala que por ahora el nivel de consultas respecto de la invariabilidad “es significativo, especialmente entre inversionistas locales y extranjeros que están evaluando proyectos de gran escala”.

Al respecto, precisa que “las consultas se concentran, principalmente, en proyectos intensivos en capital, especialmente de minería, energía, infraestructura y otras inversiones de largo plazo que requieren horizontes extensos de recuperación. Nos han consultado especialmente sobre si los fondos de inversión y si las empresas en funcionamiento pueden acogerse a la invariabilidad y en qué condiciones”.

“En general, el interés es mayor en proyectos cuyos períodos de maduración superan ampliamente los diez años, donde la estabilidad tributaria adquiere un valor económico más evidente”, sostiene.

Por su parte, Antonio Guzmán, socio de Consultoría Tributaria KPMG Chile, explica que, a nivel de consultas, “los principales proyectos están asociados principalmente a la minería, con plazos sobre los 15 años, pero también existe un interés inicial de proyectos energéticos y de infraestructura”.

En esa línea, José Miguel Gazitúa, socio de Tax & Legal en Deloitte, detalla que “el tema está en la agenda de los directorios”, y que en el sector minero el interés es mayor, porque “la protección alcanza también al royalty, a eventuales nuevos tributos específicos y a las patentes”.

“Aparecen preguntas muy prácticas: si conviene agrupar fases para cruzar un umbral, cómo se computa el período para materializar la inversión y, sobre todo, cómo funciona la contabilidad separada. En un proyecto que se construye sobre una operación existente, separar las rentas protegidas de las que no lo están es donde se juega buena parte del valor del contrato”, comenta.

En tanto, Víctor Fenner, socio adjunto de Conocimiento en Políticas Tributarias de EY, complementa que “si bien han existido varias consultas, el mercado está muy expectante a que la ley se publique para que el SII (Servicio de Impuestos Internos) emita las instrucciones que deben resolver varios temas que la ley dejó abiertos. No obstante ello, son los grandes proyectos de minería e infraestructura (aspirando al plazo máximo de invariabilidad) los que han mostrado el mayor interés”.

Repatriación y donaciones

Otra de las medidas de la megarreforma que los inversionistas están analizando es el plazo que se abre para repatriar capitales. La ley fijó una ventana de 12 meses para regularizar la situación tributaria de bienes y rentas en el exterior, mediante el pago de un impuesto de 10%, tasa que se reduce al 7% si estos activos son repatriados o invertidos en el país por un mínimo de cinco años.

Víctor Fenner, indica que “existen empresas evaluado la viabilidad de utilizar el beneficio que no existió en las versiones anteriores, consistente en traer a Chile rentas no en situación de incumplimiento (es decir, no declaradas), sino aquellas que no deben aún tributar en Chile (ejemplo: utilidades acumuladas en el extranjero de sociedades operativas propiedad de grupos chilenos)”.

Sin embargo, advierte que todo el mercado “está a la espera de las instrucciones del SII para tomar la decisión final”.

Según Loreto Pelegrí, el interés en la repatriación de capitales “proviene principalmente de personas y grupos empresariales con activos o inversiones en el exterior, que evalúan regularizar situaciones históricas aprovechando la tributación preferencial”.

No obstante, afirma que “en materia de repatriación existen interrogantes respecto de la determinación de la base imponible, el tratamiento de activos parcialmente regularizados, la valorización de inversiones y algunos efectos derivados de la fiscalización posterior”.

Otra materia por la que las auditoras han sido consultadas son las donaciones. La ley estableció que, por el plazo de un año, se reduce en 50% el impuesto a las donaciones, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos: que al menos 50% del valor donado vaya a los destinatarios legítimos, y que no exceda el 50% del patrimonio del donante.

Para Antonio Guzmán, “considerando el interés que se ve en el mercado, es muy probable que el impacto proyectado de las donaciones (menos de US$300 millones de recaudación), sea superado por la recaudación efectiva y ocurra un efecto bastante similar al primer régimen de repatriación que se estableció en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, donde la recaudación superó los US$1.500 millones, muy por sobre lo que se estimó inicialmente”.

A su vez, José Miguel Gazitúa señala que “el interés ha crecido semana a semana, y no es casual. Es una herramienta única en nuestra legislación, porque reúne en una sola ventana ventajas que difícilmente habíamos visto juntas”, como el hecho de que la base se fija con los valores de hoy, “así que el crecimiento futuro del patrimonio ya queda en manos de la siguiente generación”.

Con todo, puntualiza que “la donación es irrevocable, lo que obliga a la familia a resolver antes temas de control, gobierno corporativo y madurez de la siguiente generación”.

“Lo que estamos viendo son familias que aprovechan la ventana para reconfigurar por completo su patrimonio y su sucesión”, agrega.