Un álgido debate se ha dado esta jornada en la comisión de Educación de la Cámara, en donde los diputados, pasadas las 9.15 horas, comenzaron a discutir en particular el proyecto de Escuelas Protegidas presentado por el Ejecutivo y que propone, entre varias medidas, la revisión de mochilas a los estudiantes.

La tramitación en general se votó el miércoles de manera expedita, siendo aprobada por 10 votos a favor y 3 en contra, con un acotado plazo de entregar indicaciones (hasta las 19.00 horas del mismo día, según lo dictado por el presidente de la comisión, el diputado UDI Sergio Bobadilla).

Hoy, la discusión encontró su primer impasse en el artículo 1, el cual aborda la medida de revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes -excluidas sus vestimentas- a fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros.

A la instancia asistieron la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez.

Al respecto, la diputada Emilia Schneider (FA) cuestionó en primera instancia que en la redacción del Ejecutivo para este artículo no se considerara poner un límite de edad para las revisiones a los escolares, como lo había sugerido la diputada Paula Olmos (PDG) en su indicación, ni tampoco consideraba la participación del Consejo Escolar o de la comunidad en la definición de este tipo de medidas.

“Me queda todavía un flanco abierto que también nosotros intentamos cubrir con indicaciones. ¿Qué pasa si el apoderado se opone a la revisión de mochilas? Aquí no queda claro. Se dice que se va a llamar a Carabineros, pero se va a pasar por sobre el apoderado. ¿Qué va a ocurrir ahí? Yo creo que el Ministerio de Educación no da suficientes claridad", cuestionó.

Asimismo, la diputada Daniela Serrano (PC) también realizó sus cuestionamientos, consultándole al Ejecutivo en qué parte del proyecto se resguardaba también a los profesores que debían hacer estas revisiones.

“¿Qué es lo que resguarda a asistentes de la educación y también a profesores cuando encuentran, por ejemplo, un arma? ¿Cuál sería el protocolo? ¿Consideran que el protocolo que se establece en este artículo es suficiente?“, consultó.

Junto con esto, también alzaron sus dudas sobre la seguridad que tendrán los trabajadores de la educación que encuentren un arma durante esas revisiones, y la necesidad de que se establezca un protocolo y una capacitación si es que se quiere aplicar todo lo que menciona este proyecto de ley.

“La ministra ni siquiera nos ha dirigido la palabra” y solicitudes de reserva constitucional

En medio de la discusión del artículo 1, el debate fue interrumpido por una solicitud de la diputada Valentina Becerra (Republicano) de cerrar la discusión, por lo que se sometió a votación inmediata, obteniendo así la normativa ocho votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

En este punto, Schneider manifestó que lamentaba “profundamente” la forma en que estaban llevando la discusión.

“O sea, cerraron el debate sin la posibilidad de que el subsecretario nos responda. Esto no es la forma de llegar a acuerdos, ni llegar a diálogo (...) nosotros no estamos aquí obstruyendo el debate porque sí, estamos proponiendo cuestiones concretas”.

“La ministra ni siquiera nos ha dirigido la palabra en esta sesión. Entonces, por favor, como están tomando decisiones sin base técnica, sin experiencia comparada y sin discusión. Están aprovechando la mayoría circunstancial que tienen para imponer una solución que no va a solucionar nada”, sostuvo.

Ante esto, la diputada Serrano solicitó hacer reserva de constitucionalidad de este artículo 1 que acababa de ser aprobado.

“Todo esto porque contraviene el artículo cinco de la Constitución Política de la República al deber de los órganos del Estado de respetar y promover derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Aquello en relación al artículo dieciséis de la Convención de Derechos del Niño que señala que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su dominio o correspondencia, ni ataques ilegales contra su honra o su reputación y que el niño tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias. El artículo dieciséis J no señala claramente los mecanismos que deben incorporarse en los reglamentos internos para la revisión de mochila y que éste no devenga en una selectividad o estigmatización de los estudiantes”, justificó.

Y luego explicó: “En la misma discusión se ha señalado que esta ley se aplicará sobre los estudiantes que los profesores ya conocen. Es decir, no hay una garantía ni siquiera en la discusión de la historia de la ley de cuál es la intención del legislador a proponer esta norma”.

Junto con esto, la diputada Schneider también suscribió a la reserva de constitucionalidad señalada por la diputada Serrano, pero “por el artículo diecinueve número veintiséis que habla de reserva legal”.

“Cuando se habla del límite a derechos fundamentales, que esto debe estar por ley y este proyecto de ley deriva a un documento interno del establecimiento educacional una limitación al derecho a la vida privada, a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad, a la honra, entre otros. Entonces mi reserva de constitucionalidad es por el artículo diecinueve número veintiséis”.

“Voy a hacer ejercicio de esta facultad reglamentaria”

Avanzada la instancia, el presidente de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI), hizo uso de su facultad reglamentaria para rechazar seis indicaciones que, según argumentó, “contradicen el texto presentado por el Ejecutivo”. “Por tanto, no vamos a votar estas indicaciones que he mencionado de acuerdo a las facultades que el Presidente tiene”, sentenció.

Ante esto, la diputada Schneider solicitó al presidente que entregara los argumentos para rechazar las indicaciones: “Me gustaría, presidente, poder escuchar su argumentación respecto a por qué estas indicaciones son incompatibles. La verdad es que no me queda claro. Algunas de ellas pueden ser, otras de ellas me parece que derechamente no y de lo contrario, me voy a tener que ver en la obligación de solicitar nuevamente reserva constitucionalizada por el artículo 93 número 3 de la Constitución de la República por vulneración al trámite legislativo”.

En esa misma línea, la parlamentaria Serrano se sumó al pedido de su par, apuntando que “sería del todo correcto que pueda explicar esta situación. De lo contrario, también vamos a tener que hablar con el Secretario General de la Cámara porque se está marcando un muy mal precedente para que el presidente en cualquier comisión pueda declarar incompatibles las indicaciones que nosotros consultamos a la Secretaría”.

Ante esto, Bobadilla apuntó que “con todo respeto se va a quedar con la ansiedad porque no estoy obligado a dar explicación ni fundamentación respecto de esta declaración que he hecho”. Debido a su respuesta, Schneider decidió volver a solicitar la reserva de constitucionalidad respecto a este punto.