“Que en virtud del artículo 261 del Código Procesal Penal y encontrándonos dentro de plazo, vengo en adherir a la acusación fiscal formulada por el Ministerio Público en contra del imputado don Óscar Daniel Jadue Jadue”.

Así empieza el escrito que el pasado 27 de enero presentó el abogado Eduardo Lagos -como querellante en representación de la empresa Best Quality- en medio del caso Farmacias Populares, donde se mantiene como acusado al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

A simple vista era una acción esperable, pues luego de que se decretara el cierre de la indagación e ingresara la acusación del Ministerio Público, se abrió el plazo para que los querellantes adhirieran a ese acto o presentaran una acusación particular, como lo hizo el Consejo de Defensa del Estado.

Pero lo que llamó la atención del Ministerio Público es que fuera precisamente Eduardo Lagos quien plasmara la postura de Best Quality, pues actualmente se mantiene privado de libertad en el anexo penitenciario Capitán Yáber, imputado en la trama bielorrusa.

Quienes supieron del suceso comentan que, como abogado, Lagos aún puede mantener la representación de sus clientes, pero lo que extrañó es que tenga acceso a los medios para redactar y cargar un escrito en las plataformas del Poder Judicial en circunstancias que no puede contar con dispositivos electrónicos estando privado de libertad.

Por lo mismo, el fiscal Marcelo Cabrera decidió tomar cartas en el asunto y requirió al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago -donde se tramita el caso Farmacias Populares- que se verifiquen las condiciones en que Lagos cumple prisión preventiva.

“Que, la querellante Best Quality Products SpA, dentro del plazo legal, ha presentado escrito de adhesión a la acusación del Ministerio Público, suscrito por el abogado patrocinante Carlos Eduardo Lagos Herrera. Que, es de público conocimiento que el abogado Carlos Eduardo Lagos Herrera se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber en el marco de una investigación diversa”, manifestó el persecutor en un escrito ingresado el 9 de febrero.

En atención a ello y para colaborar con la validez de los actos procesales de esta causa, el persecutor requirió oficiar al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, para que informe y remita la documentación oficial respecto a las condiciones de reclusión de Lagos.

De esta forma, el pasado jueves 12 de febrero la jueza Pamela Muñoz accedió a lo requerido y solicitó a Gendarmería que, primero informe si Lagos cuenta con autorización oficial de la jefatura de la unidad o de la Dirección Regional para poseer y utilizar, de forma particular y en sus respectivas celdas o módulos, dispositivos electrónicos tales como computadores portátiles, tablets o celulares.

En caso de que exista dicha autorización, se pidió se informe si dicha autorización incluye la facultad de acceder a conexión a internet y bajo qué medidas de seguridad o vigilancia se realiza dicho acceso.

También se pidió remitir antecedentes respecto de si el interno ha sido autorizado para utilizar computadores de Gendarmería, especificando la finalidad de dicho uso y la frecuencia autorizada.

Por último se solicitó que en caso de que hubiere autorizaciones, se adjunte copia íntegra de la resolución exenta o el acto administrativo que otorgó dicho beneficio o permiso, de acuerdo con las facultades que el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios confiere al jefe de la unidad penitenciaria.