Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos
Además, se decretó el comiso de sus propiedades en Las Condes, un departamento, una bodega y dos estacionamientos en un edificio de calle Rosario Sur.
En el Centro de Justicia de Santiago, tuvo lugar, la mañana de este lunes, la lectura de sentencia tras el juicio oral en contra del ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa y María Magdalena Neira, su cónyuge.
En la sala 801, del edificio D del complejo, el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago informó que el exjefe policial deberá cumplir una pena de 17 años de cárcel de los que se deben descontar 4 años que permaneció en prisión preventiva o bajo arresto domiciliario.
Además, se acogió la demanda civil y se le impuso el pago de 146 millones de pesos como indemnización por daño emergente al Estado.
Espinosa escuchó la sentencia conectado desde el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
El 12 de noviembre, el tribunal condenó a Espinosa como autor de los delitos consumados y reiterados de malversación, falsificación y uso malicioso de instrumento público y lavado de activos.
En una resolución unánime, el tribunal, integrado por los jueces Cristián Soto Galdames, Pedro Suárez Nieto y Carolina Escandón Cox, también, dictó veredicto condenatorio en contra de María Magdalena Neira como autora de un delito culposo de lavado de activos.
La mujer deberá cumplir una pena de 541 días.
La Fiscalía Oriente describió a Neira como “un elemento fundamental” en la trama de defraudación.
El juicio se extendió por 45 días y consideró más de 90 testigos.
El Ministerio Público estaba pidiendo 20 años de cárcel para el otrora mandamás de la PDI.
¿Por qué fue investigado el exjefe policial?
En junio de 2021, en medio de la pandemia de coronavirus, Espinosa culminó su carrera de cuatro décadas en la institución. En octubre de ese año, fue formalizado por apropiarse de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados asignados a la PDI. Lo defendía, entonces, el penalista Luis Hermosilla.
Sergio Muñoz, sucesor de Espinosa, debió renunciar al descubrirse que filtró información reservada del caso al abogado.
De acuerdo a lo detallado por el Ministerio Público en la formalización, unos 146 millones de pesos fueron desviados en 53 depósitos a Espinosa y a Neira entre junio de 2015 y marzo del 2017. El exjefe policial tuvo a su disposición por concepto de gastos reservados más de 1.300 millones de pesos en los seis años que encabezó la PDI.
UAF detectó operaciones sospechosas a fines de 2020
Espinosa tenía a su cargo la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la institución cuando asumió como el número uno de la policía civil, en junio de 2015, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
El 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó operaciones financieras sospechosas de su parte.
Pese a que se buscó durante la investigación del Ministerio Público, su hoja de vida en la institución, documento que recogía su historia institucional, consignado anotaciones negativas, observaciones y su conducta previa a ser jefe de la PDI, se extravió.
El detalle de las condenas
El tribunal fijó para Espinosa una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y de inhabilitación absoluta para procesiones titulares mientras dure la condena, y al pago de una multa de 15 UTM por su responsabilidad, en calidad de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos y de falsificación y uso de instrumento público falso, en carácter de reiterado.
Asimismo, se le sentenció a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares, más el pago de una multa de 200 UTM, como autor del delito de lavado de activos.
Por ser producto y ganancia de los delitos por los que fue condenado, se decretó el comiso y la adjudicación al Estado de sus propiedades en calle Rosario Sur de Las Condes, un departamento, una bodega y dos estacionamientos en el edificio.
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