“Muchas gracias por acoger el llamado que hicimos desde el gobierno para conversar, pero por sobre todo, para escuchar”. Con esas palabras el Presidente José Antonio Kast dio comienzo a una nueva reunión con alcaldes. Si la semana pasada el Mandatario se había reunido con los jefes comunales del oficialismo, en esta oportunidad lo hizo con casi 100 alcaldes de la oposición.

La reunión -que comenzó a las 16:30 y terminó a las 20:30- se anticipaba tensa, particularmente por la molestia que existe transversalmente entre los alcaldes por la idea de La Moneda de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, lo que implicaría una menor recaudación de US$ 200 millones, que afectan directamente al dinero recibido por los municipios. También hay inquietud respecto de cómo se repondrán los US$ 130 millones del Fondo Común Municipal -dinero de las municipalidades con más recursos que va a las más vulnerables. El gobierno ha dicho que lo hará vía Ley de Presupuesto, pero no se han dado más detalles.

El Salón Montt Varas del palacio presidencial nuevamente fue el lugar donde se albergó a los cerca de 100 alcaldes que llegaron. Además de Kast, se hicieron presentes los ministros Claudio Alvarado (Interior), Louis de Grange (Transportes y Telecomunicaciones), Trinidad Steinert (Seguridad Ciudadana) y María Jesús Wulf (Desarrollo Social), además del titular de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa.

Por parte de los alcaldes, se hicieron presentes algunos de los que han alzado voces más críticas, entre ellos Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal), Claudio Castro (Renca), Miguel Concha (Peñalolén), Camila Nieto (Valparaíso) y Claudia Pizarro (La Pintana). También estaban los jefes comunales de San Ramón, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, La Granja, así como varios representantes de regiones, como Macarena Ripamonti, de Viña del Mar.

La instancia partió con Kast pidiendo disculpas por algunos alcaldes a los que no les llegó la invitación, como el de Puente Alto, Matías Toledo. “Este tipo de encuentros queremos hacerlos habituales”, dijo Kast, en línea con lo que había dicho en la cita de la semana pasada con los jefes comunales de derecha. Además añadió que “hay muchos puntos de encuentro en que podemos avanzar” y que una ventaja es que en más de dos años no habrá elecciones, lo que ayudará a destrabar problemas.

Pero ya entrado el encuentro, varios de los jefes comunales se empezaron a mostrar incómodos, debido a que la percepción fue que el gobierno no entregó respuestas concretas a problemáticas como la seguridad o las dudas por las contribuciones. En ese sentido, La Moneda siguió el modelo de la reunión de la semana pasada, en la que se dedicó más que nada a escuchar antes que a plantear medidas nuevas.

Según asistentes, en la reunión Kast fue enfático en señalar que no cambiará su megarreforma y que la exención de las contribuciones va. También le dio un portazo a la petición de los alcaldes de quitarle la suma urgencia a la iniciativa que se discute en el Congreso Nacional. Recalcó que se compensarán al Fondo Común Municipal los aproximadamente US$ 130 millones que se dejarán de recaudar por el fin de las contribuciones, pero que la idea es hacerlo en la megarreforma y no vía Presupuesto, porque de esta última forma ello dependería de la discusión presupuestaria de cada año.

A la salida de la reunión, en un punto de prensa el ministro del Interior dijo que “el gobierno siempre ha dicho y ha aclarado que nuestro compromiso no es afectar los recursos del Fondo Común Municipal. Los alcaldes nos han hecho presente que la compensación a través de la Ley de Presupuestos no les satisface porque tendrían año a año que estar discutiendo, o proponiendo, o defendiendo esa posición con las autoridades de turno. Hay un trámite legislativo que está en curso, queda su segunda fase en el Senado, y para tranquilidad de los alcaldes vamos a incorporar esa norma de compensación en la ley actual de reconstrucción para que no quede ninguna duda del compromiso de compensación”.

También, las mismas fuentes recalcan que el Presidente no aclaró cómo se compensarán los otros US$ 70 millones que se dejarán de recaudar al eliminar las contribuciones. Respecto de los cambios a la ordenanza municipal que permitirían mayor densificación de edificios, recalcó que está en análisis, pero que de momento eso no se cambiaría en el proyecto de ley.

Hubo varias intervenciones tensas. Por ejemplo, Delfino recalcó que no le parecía correcto que se dividiera a los alcaldes juntando primero a los de oficialismo y luego a los de oposición, mientras que el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS) pidió a los militares en su comuna, asolada por la delincuencia, pero Kast le respondió con una negativa. Algunos alcaldes también criticaron que no ven a los ministros en la calle.

Sobre seguridad, el Presidente le dijo a los alcaldes que harán iniciativas para aumentar la dotación policial. Mientras que sobre los SLEP recalcó que en muchos lugares no estaban funcionando.

Otros presentes lo calificaron como un “diálogo de sordos” o como un “sin sentido”.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), dice a La Tercera que “lamentablemente en la reunión vimos a un gobierno que se burocratizó muy rápido. Con muy poca disposición a tomar acciones audaces en seguridad, que es la expectativa que nos generaron. Tampoco flexibilidad para abordar el creciente costo de la vida, con apoyos a las familias más humildes. Me voy con mucha preocupación, porque hay más terquedad que calle”.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), señala que “salimos decepcionados. Con un sabor amargo. Esperábamos una propuesta metodológica que garantizara diálogo real y no vimos eso. Pedimos tiempo para la discusión de la reforma que afecta ingresos para los municipios y se nos dijo que no”. Además, añade que “⁠reiteramos nuestra voluntad de diálogo, pero real. Y en ese sentido que se le quite la urgencia (al proyecto) y el debate de contribuciones se haga de manera seria“.

Mientras se desarrollaba la reunión, los alcaldes compartían opiniones en un grupo de WhatsApp llamado Municipios por Chile. Ahí, un jefe comunal escribió “una bolsa de gatos”. Otro puso “puro humo”, mientras que otro recalcaba: “Esta instancia será un saludo a la bandera”. La percepción de los alcaldes fue que el gobierno no se abrió a mover ninguna de sus propuestas, y que más bien la instancia fue con el objetivo de generar la percepción de que se estaba escuchando.

En ese sentido, el gobierno, según dicen presentes, reafirmó parte de las políticas públicas que más se cuestionan desde la vereda alcaldicia, como la exención de las contribuciones.

En la previa, los alcaldes opositores le habían entregado una carta con su petitorio al Presidente Kast. Ahí se le hacía especial énfasis en el tema de las contribuciones. En la misiva, los alcaldes pedían medidas por el alza del costo de vida, el resguardo del Fondo Común Municipal, el rechazo a la modificación de la ordenanza municipal que permitiría la densificación de edificios, no pausar traspasos a los SLEP, un rechazo “absoluto” a los recortes de programas sociales y medidas de seguridad. “Estamos disponibles a conversar con el objetivo de avanzar en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Sin embargo, es importante que nuestra mirada sea escuchada y que las decisiones que tome el gobierno nacional no afecten los recursos municipales ni tampoco afecte los derechos sociales de nuestros vecinos y vecinas”, rezaba la carta.

La alcadesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), en tanto, asevera que “lo he dicho varias veces: no voté por este gobierno, pero quiero que le vaya bien para que a Chile le vaya bien. Y menos recursos en el Fondo Común Municipal significará que a miles de chilenos les irá mal, significa que solo podremos retirar la basura una vez a la semana y no tres, que deberemos elegir qué calles iluminar y que plazas limpiar. Al final lo pagan mis vecinos. El gobierno prometió compensar al FCM con la Ley de Presupuestos, pero eso depende de la voluntad de quien gobierne. No es una garantía: es un cheque en blanco y es menos autonomía para los municipios”.