Centros que piden fin a las AFP reciben casi $400 millones del Fondo de Educación Previsional

En medio del debate y la actual tramitación de los proyectos legislativos que pretenden introducir modificaciones en el sistema de pensiones, el gobierno incluyó en el Presupuesto 2018 la inyección de más de $ 1.500 millones destinados al "Fondo para la Educación Previsional" (FEP), iniciativa creada en 2008 tras la recomendación de la 'Comisión Marcel', que detectó bajos niveles de conocimiento del sistema previsional en la población.

Desde su primer concurso adjudicado en 2009, a la fecha, el fondo ha otorgado más de $ 15.900 millones a distintas organizaciones y personas naturales, quienes postulan a los fondos a través de concurso público.

Entre estas instituciones, destacan dos entidades que públicamente se han manifestado contrarias al actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical).

El primero, que se ha ganado cerca de $ 335 millones desde el inicio del FEP, formó parte de las propuestas entregadas por la Coordinadora "NO+AFP" al gobierno el año pasado, y en cuya institución es miembro el economista Manuel Riesco, quien ese mismo año afirmó que "hay que adoptar la propuesta C de la Comisión Bravo, terminar con las AFP's, y restablecer el sistema de reparto", calificando incluso el sistema como una "canallada".

Por su parte, Ical, se adjudicó este año primera vez un monto de $ 60 millones a través del FEP, quienes también consideran terminar con el sistema actual. En un documento presentado ante la Comisión Bravo en 2014, el instituto sostuvo que si bien valoraban la eventual creación de una AFP estatal, "no obstante, creemos que es insuficiente y que se encuentra lejos de corregir las deficiencias del modelo", enfatizando que "como se ha dicho con insistencia, el sistema de AFP, aun cuando se reforme, no cumple el rol fundamental de todo sistema de previsión social". En esta línea, recomendaron a la Comisión "transitar hacia el reparto como modelo previsional, que a nuestro juicio es el sistema que mejor responde al desarrollo de las normas en materia de seguridad social, nacional e internacional".

Al respecto, desde la Subsecretaría de Previsión Social (repartición que adjudica los recursos), argumentan que el Fondo "es positivo y valorable desde diversos aspectos", destacando la entrega de información en un contexto de desconocimiento y por su cobertura y objetivos, "que considera diversas variables, como población vulnerable, inclusión y equidad de género", señala la autoridad.

En cuanto a los recursos otorgados a estas entidades, la Subsecretaría dijo que las adjudicaciones son asignadas "de acuerdo a los criterios técnicos y las pautas de evaluación que se establecen en las bases de licitación", subrayando la adjudicación de personas naturales y jurídicas, y otras instituciones religiosas, empresariales y hasta la propia Asociación de AFP.

Sin embargo, justamente desde este gremio, su presidente, Andrés Santa Cruz, criticó que "cuando esto se dictaminó, iba en la buena línea de educar y la importancia del ahorro para poder tener una buena jubilación. Pero hoy, cuando vemos cómo se están adjudicando estos fondos, independientemente de que el programa fue mal evaluado y se sigue persistiendo, aquí parece que se están preocupando solamente de los 'compañeros'".

Respecto a la adjudicación de recursos que en algún momento tuvieron, Santa Cruz reconoció que "hace muchos años postulamos pero ya no, porque lo importante es que se eduque previsionalmente y no hacer proselitismo, ni pagar favores políticos".

Por su parte, Francisco López, coordinador del programa legislativo de LyD, sostiene que "me parece una situación contradictoria que justo en un año en el que se está discutiendo el tema previsional, se le den recursos a gente que es abiertamente contraria al modelo actual o tiene una posición marcada. Parece un sin sentido". En este contexto, afirmó que "preferiría que los recursos fueran a entidades técnicas como universidades, cuyo discurso es más claro en la línea de mejorar la previsión y la importancia de ahorrar".

En 2012 un informe de Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) de Dipres, calificó con "desempeño insuficiente" el Fondo para la Educación Previsional, que radica en el Ministerio del Trabajo.

El documento, elaborado por los expertos Sergio Ibáñez, Carla Frías y Christian Belmar, detalla que la iniciativa carece de una estrategia "que defina cuáles son las apuestas más sustantivas de éste, el tipo de población sobre la cual desea focalizar y metas asociadas", añadiendo que la cobertura del programa es "baja".

En tanto, señala que "no se perciben cambios de conducta en la dirección de un enrolamiento en el sistema".