Como parte del financiamiento del Plan de Reconstrucción del gobierno del Presidente Kast, se ha planteado eliminar la franquicia tributaria del Sence. Esta medida es acertada, considerando la evidencia acumulada sobre la ineficacia de este instrumento. En 2025, la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó una evaluación de impacto con un veredicto categórico: el programa no genera efectos en salarios ni en empleo. En otras palabras, en un contexto de estrechez fiscal, el Estado destina más de US$300 millones anuales a un mecanismo que no mejora las trayectorias laborales de quienes lo reciben.

El diagnóstico no es nuevo. Diversos estudios y comisiones de expertos han advertido sobre los problemas estructurales de este instrumento diseñado en 1976, acorde a las necesidades de ese entonces. Hoy, casi cincuenta años después, sigue operando bajo una lógica obsoleta, financiando —por ejemplo— cursos cortos de manejo de Office o prevención de riesgos, mientras el mundo del trabajo se transforma a una velocidad sin precedentes producto de la automatización y la inteligencia artificial.

La evidencia también muestra que la franquicia es regresiva. El 88% de los beneficiarios proviene de empresas grandes, y más del 60% del gasto se concentra en trabajadores con educación media completa o superior. En contraste, quienes no han completado su escolaridad —más del 20% de la fuerza laboral— reciben apenas el 8,8% de los recursos.

Frente a esta evidencia, reformar o eliminar la franquicia tiene pleno sentido. Pero sería un error concluir que Chile debe gastar menos en capacitación. Todo lo contrario.

Existe una subinversión estructural en capacitación cuando se deja operar únicamente al mercado. Las empresas enfrentan el riesgo de financiar la formación de trabajadores que luego pueden migrar a la competencia, mientras que los trabajadores carecen, en muchos casos, del capital necesario para invertir en procesos de reconversión, especialmente si estos son prolongados. El resultado es un equilibrio en el que se invierte menos de lo socialmente óptimo. Esto justifica la intervención del Estado, no su retirada.

El desafío es urgente. Un estudio reciente de la consultora CoMov estima que alrededor de 2,4 millones de trabajadores en Chile se desempeñan en ocupaciones con alto riesgo de automatización. De ellos, el 84% requerirá entre uno y tres años de formación adicional para transitar hacia empleos más seguros. No se trata de un problema futuro: es una crisis que ya está ocurriendo, mientras los empleos rutinarios desaparecen sin una respuesta institucional a la altura.

¿Cuál es el costo de no actuar? Mayor desempleo estructural, pérdida permanente de ingresos para cientos de miles de familias y una economía que desaprovecha las oportunidades de la transformación tecnológica.

Lo que Chile necesita no es menos gasto en capacitación, sino un gasto mejor orientado. La evidencia internacional es clara: los sistemas más efectivos financian trayectorias de aprendizaje, no cursos aislados; vinculan la formación con sectores productivos estratégicos; reducen el costo de oportunidad de estudiar mediante subsidios al ingreso; y priorizan a quienes enfrentan mayores barreras de acceso al empleo.

Terminar con la ineficaz franquicia tributaria es un paso en la dirección correcta. Pero debe ir acompañado de una nueva propuesta en capacitación, que permita no solo enfrentar, sino también aprovechar el punto de inflexión tecnológico que estamos viviendo. La pregunta no es si el Estado debe invertir en capacitación, sino si tiene la capacidad —y la voluntad— de hacerlo bien.

*La autora de la columna es directora de evidencia en Pivotes