Esta semana supimos una vez más de resultados mal calculados en Codelco. Ya son dos escándalos los que afectan a la cuprífera estatal en los que se ha sobreestimado la producción de cobre de los años 2024 y 2025. Las auditorías internas y externas confirman que inflaron artificialmente las metas de producción para pagarse bonos indebidos.

El primer escándalo explotó en mayo de 2026 donde una auditoría interna reveló que la minera había reportado 26.000 toneladas como cobre terminado, cuando no lo era. Se trataba de una “limpieza de inventarios artificial” para cumplir con las metas de producción anual y pagarse los incentivos. Al corregir las cifras la producción real de Codelco cayó en un 2%, el nivel más bajo desde 1998. La empresa determinó que 6.322 trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz debían devolver los bonos, ya que no les correspondían, eran incentivos logrados de forma indebida, eran un robo. Se obligó a devolver un promedio de 2 millones de pesos por empleados, lo que suma US$14,3 millones.

La auditora KPMG mantiene abierto este caso, ya que hasta hoy no existe un consolidado oficial de cuanto dinero ha sido efectivamente restituido. Se había determinado restitución gradual pero los sindicatos se manifestaron contrarios a esta medida argumentando que “los trabajadores no tienen la culpa de los malos cálculos de las jefaturas”, validando que éstos se queden con lo que no corresponde. Es decir, validando un robo a Chile. Esto ha llevado a un entrampado judicial y se ha limitado a restituciones voluntarias. La empresa desvinculó a los altos cargos directivos involucrados, reteniendo sus finiquitos para restituir esos bonos mal habidos. Claramente pocos han devuelto ese dinero. ¡Chile quiere que devuelvan la plata!

Este octubre de 2026 se ha abierto un nuevo flanco, ya que el directorio de Codelco denunció ante el Ministerio Público nuevas inconsistencias graves en los balances de 2024 y 2025. Se habría contado dos veces el material entre las divisiones Ministro Hales y Salvador. Es decir, duplicidad de producción, una división registraba el material despachado como producción propia y la división que lo recibía volvía a contabilizar el mismo material como si fuera una nueva producción. Los antecedentes fueron derivados a la fiscalía regional de O`Higgins y Codelco contrató una auditoría de urgencia con Ernst & Young, para determinar los efectos económicos y las responsabilidades administrativas o penales de este doble registro. Claramente el inflar la producción implicó metas falsas y bonos para ejecutivos y trabajadores. Claramente hay más plata mal habida, robada, que debe ser restituida al erario fiscal. ¡Chile quiere que devuelvan la plata!

Esto es parte de las malas costumbres de muchos chilenos de hacerse de lo ajeno y justificar lo injustificable. Recordemos que durante la pandemia funcionarios públicos recibieron el llamado “Bono Clase Media” que no les correspondía. El SII detectó en octubre de 2020 que 37100 funcionarios del Estado obtuvieron este bono de $500.000 sin cumplir el requisito de haber bajado sus ingresos en un 30% por la crisis sanitaria. El sueldo de los trabajadores del sector público está regulado por ley y se mantuvo intacto durante la pandemia. Muchos postularon, sabiendo que no les correspondía. El sistema validó los pagos de manera errónea y muchos se aprovecharon de eso. El Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República exigieron la restitución del dinero. Algunos devolvieron lo mal habido de forma voluntaria, los menos. El resto enfrentó sumarios administrativos por falta a la probidad, se les hizo retenciones automáticas de devoluciones de impuestos desde la Tesorería General de la República. A pesar de eso, de los 37.100 funcionarios que mal cobraron el bono de Clase Media, sólo 10.829, lo que representa un 29,1% devolvió el dinero. 5.076 funcionarios, un 13,7% presentaron apelaciones, documentos aclaratorios, liquidaciones corregidas y fueron regularizados. Lo dramático es que 21.196 funcionarios, el 57,1% quedaron registrados como deudores. No devolvieron la plata y hasta hoy hay casos penales. ¡Chile quiere que devuelvan la plata!

Esto nos recuerda también a los 25.000 funcionarios públicos detectados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda viajando fuera de Chile estando con licencias médicas. Es decir, logrando más vacaciones defraudando al fisco. A estos casos 2023 y 2024 se sumaron 7.207 en 2025. El perjuicio directo para la administración central del estado se estimó en $10.938 millones de pesos pagados en sueldos injustificados. El escándalo hizo a Chile “rasgar vestiduras”, sin embargo, a la fecha, no hay un número masivo de devoluciones, ya que los sumarios son extremadamente lentos, lo que impide la real justicia. Hoy hay sólo 7.400 sumarios en curso y por lo visto nadie devolverá el dinero. ¡Chile quiere que devuelvan la plata!

Por Magdalena Merbilháa, historiadora y periodista.