Para despejar cualquier duda, o prevenir contraargumentos absurdamente simples, nadie puede estar en contra de que se cumpla con el pago de una deuda adquirida voluntaria y conscientemente. Despejado aquello, si vale la pena reflexionar sobre el modo en que se cobra la mencionada deuda y especialmente en cómo se ha hecho por estos días. No es un debate en referencia a los marcos legales o reglamentarios disponibles para lo que puede hacer o no la TGR, sino una reflexión sobre cual es el imaginario de sociedad que se puede desprender o que puede estar detrás de quienes ordenaron proceder del modo en que hemos visto por estos días y que, cabe destacar, no se restringe sólo a este tema específico.

Advertir con cuentas regresivas sobre penas implacables, crear listas de personas que pierden derechos, vaciar cuentas corrientes de personas privadas, despreciar la investigación universitaria como improductiva, advertir a los jóvenes lo grave de optar por carreras que no rentan económicamente, no son actos aislados de personas individuales, sino una cadena de señales públicas de las autoridades que insisten en instalar el miedo como dispositivo de control social y el rendimiento exclusivamente económico como único horizonte de satisfacción personal.

Parece que estamos avanzando hacia la restauración de una sociedad disciplinaria en donde no se opta por el diálogo y la deliberación pública como estrategia de acción en la política, sino por dispositivos sociales basados en la estrategia de infundir miedo e infantilizar al que opina distinto como forma de denegación. Tan así de claras han sido las señales en estos pocos meses que ya la última encuesta CEP muestra que los ciudadanos mayoritariamente opinan que la principal autoridad del país simplemente no tiene voluntad de escuchar a la oposición.

De este debate evidentemente emergen visiones distintas del orden que están en juego en la coyuntura, pero que se proyectan directamente hacia miradas sobre como resolver los evidentes problemas que acarrea nuestra aporreada democracia. Sin duda que toda sociedad estable se construye desde el orden y por ende desde el respeto a las normas y de las penas asociadas a su no cumplimiento. De ese modo se sostiene el pacto de convivencia civil en el largo plazo, y de no cumplirse aquello la viabilidad de la vida en común se debilita.

Sin embargo, es muy distinto si ese respeto al orden se funda como respuesta al miedo o se basa en la construcción de la legitimidad por la adhesión racional. Producto de la primera figura el sustrato de permanencia y respeto a las normas y el orden es obediencia y en el segundo convicción. En el corto plazo, tal vez, los resultados prácticos sean relativamente exitosos y se logre una mayor recaudación de deudas asociadas al CAE, sin embargo en la mirada larga y de fundamentos democráticos, los resultados tenderán a ser menos halagüeños, ya que en tanto la presión por el miedo desaparezca, la conducta tenderá a volver al alejamiento de la norma.

Entonces, la reflexión de fondo es que por estos días no se busca sólo resolver un problema específico con el CAE, sino que con el modo en que se está haciendo, se marca la voluntad sobre la que las autoridades buscan construir orden. El miedo nunca ha sido buen consejero, menos cuando la democracia tiene deudas importantes con el diario vivir de los ciudadanos y su base de legitimidad se encuentra debilitada. Este camino históricamente, nunca ha tenido buenos resultados para las sociedades que lo han recorrido.

Por Eolo Díaz-Tendero, Director ejecutivo de Horizonte Ciudadano