El pasado 23 de julio, Eduardo Vergara en su rol de jefe de la División de Seguridad Ciudadana y la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) extendió una invitación al exgeneral (r) director de Carabineros Ricardo Yáñez para que participe de la Cumbre Regional sobre Seguridad y Justicia 2026, que se desarrollará el próximo 5 y 6 de agosto en Brasilia, Brasil.

Lo anterior, dado que actualmente Yáñez se desempeña como director del Centro de Estudios y Gestión Municipal de la Asociación Chilena de Municipios.

El problema, sin embargo, es que el otrora general director hoy se mantiene con la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual, tras ser formalizado en la denominada causa Alto Mando, donde el Ministerio Público pesquisa la responsabilidad penal de autoridades de Carabineros en delitos de apremios ilegítimos por omisión en el contexto del estallido social de octubre de 2019.

Por lo mismo, para poder asistir a la cumbre, Yáñez solicitó autorización ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que revisará este viernes 31 de julio su requerimiento.

“Conforme al derecho que le confiere el artículo 156 del Código Procesal Penal, se solicita se sirva conceder a mi defendido don Ricargo Yáñez Reveco, la suspensión temporal de las medidas cautelares que se le han impuesto, firma mensual y arraigo nacional, a fin que pueda viajar a la República Federativa del Brasil, específicamente a la ciudad de Brasilia, entre los días 4 y 7 de agosto de 2026″, se lee en el documento presentado por el abogado de Yáñez, Jorge Martínez.

Según argumentó el penalista, el exfuncionario policial fue invitado a exponer en el encuentro dada su trayectoria, siendo “fundamental” para la Asociación de Municipalidades que pudiese participar del encuentro. Martínez recalcó que el apego de su representado a las medidas dispuestas y al proceso ha sido “estricto e impecable”.

Aunque el tribunal revisará el tema recién este viernes, el asunto fue reprochado en duros términos por parte de la abogada querellante, Karinna Fernández, quien envió una carta al BID y al Ministerio de Justicia de Brasil manifestando sus reparos. Esto, por estimar que la invitación dejaría un mensaje poco deseable en las víctimas y en la ciudadanía, dado que recae precisamente sobre una persona que es investigada por eventual vulneración a los derechos humanos.

Fernández envió este jueves 30 de julio una carta de 11 páginas al BID y a la citada cartera, formulando un reclamo y protesta por la invitación remitida por Vergara.

Según sostiene, la convocatoria “omite toda consideración de la circunstancia pública, de que el invitado en su calidad de exagente del Estado y sin haber colaborado en la investigación, se encuentra actualmente formalizado por delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos; en el marco de una investigación criminal que se encuentra en curso y a raíz de la cual pesa sobre el invitado, la medida cautelar de arraigo nacional”.

La invitación, planteó Fernández, “ha sido inmediatamente instrumentalizada por su defensa para solicitar judicialmente la suspensión de mentada medida cautelar, dando origen a una audiencia judicial que ha sido fijada para el 31 de julio de 2026″.

La misiva agrega lo siguiente: “La invitación proviene de un funcionario del BID que, con anterioridad y hasta noviembre de 2024, ejerció un cargo de autoridad política en el sector de seguridad pública del Estado de Chile, durante el mismo período en que el invitado permaneció al mando de Carabineros de Chile; por tanto, el funcionario del BID no puede sino conocer la investigación penal en curso”. Esto supondría, como advierte, un evidente conflicto de interés.

Entre sus peticiones Fernández requirió al BID que se deje sin efecto la invitación y que comuniquen por escrito “que el Banco no promueve ni respalda la suspensión, elusión o flexibilización de medidas cautelares dispuestas por tribunales ordinarios de justicia en procesos penales por graves violaciones a los derechos humanos, y que su invitación no fue extendida ni puede ser invocada con esa finalidad”.

Igualmente, pidió “remitir los antecedentes a la Oficina de Ética y al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, la instancia de integridad institucional competente del Banco, a fin de que se examine el conflicto de interés descrito”.

Consultado por la presentación de la abogada, Yáñez declinó hacer mayores comentarios y se limitó a sostener que si fue invitado por la entidad, es por su trayectoria en materias de seguridad y su actual rol como director del Centro de Estudios y Gestión de Seguridad Municipal de la AChM.