En momentos en que el país requiere más que nunca de sus instituciones, es lamentable que la mayoría de ellas experimenten un fuerte desprestigio frente a la opinión pública. Pero ciertamente es aún más preocupante que de todas ellas, sea el Congreso -instancia clave para el buen funcionamiento de la democracia- la que registre el mayor porcentaje de rechazo (83%), de acuerdo con un reciente estudio de opinión de Plaza Pública-Cadem. Apenas el 11% aprueba su desempeño -mismo porcentaje que obtiene el Partido Comunista-, lo que parece estar reflejando que a ojos de la ciudadanía se trataría de una institución muy poco relevante. Los riesgos de tal desprestigio no parecen estar siendo aquilatados por el país, pero al parecer tampoco por los propios parlamentarios, que en el último tiempo han dado muestras de escasa responsabilidad y sintonía con las urgencias del país.

Con apenas un día de diferencia, esta semana la oposición acusó constitucionalmente al exministro del Interior Andrés Chadwick -haciéndolo infundadamente responsable de graves violaciones a los derechos humanos-, y luego al Presidente de la República, por similar causa. Aun cuando esta última no prosperó, es una desconcertante señal que 73 diputados hayan rechazado la llamada "cuestión previa", esto es, estuvieron disponibles para que dicha acusación continuara su tramitación, a sabiendas de los riesgos que algo así habría implicado para la estabilidad del país. Incluso fuerzas como el Partido Socialista, el PPD y parte de la Democracia Cristiana concurrieron a dicha aventura, sumándose así a la acusación impulsada principalmente por el PC y el Frente Amplio. Una diputada del Partido Humanista incluso se permitió llegar a dicha sesión "encapuchada" y puño en alto, degradando bochornosamente la actividad parlamentaria.

Inequívocamente distintos estudios de opinión han continuado mostrado que las principales preocupaciones de la ciudadanía siguen siendo las pensiones, la salud y la educación, coincidentes con una agenda social, la que debería tener la máxima prioridad tanto por parte del Ejecutivo como del propio Congreso. Y aun cuando tras las primeras semanas del estadillo el Parlamento pareció sintonizar con dichas urgencias, hoy nuevamente aparece sumido en sus propias preocupaciones. Además de haber malgastado valioso tiempo en acusaciones constitucionales, los esfuerzos por llegar a acuerdos que permitan fijar las reglas del proceso constituyente -tal como fue acordado por los principales partidos políticos- han perdido fuerza.

Los desentendimientos incluso se han hecho ver al interior del propio Congreso, tal como ocurrió con el proyecto que busca sancionar los saqueos y barricadas, aprobado por los diputados, pero que será "reescrito" íntegramente por el Senado, ante múltiples diferencias técnicas, y que siguen dilatando la necesidad de contar con este tipo de legislación.

Algo que resulta de particular gravedad son los arrebatos populistas de los parlamentarios, actitud especialmente notoria en la Cámara. Ha sido el caso de mociones que inconstitucionalmente pretendieron elevar el ingreso mínimo garantizado -proyecto presentado por el Ejecutivo- o elevar sustancialmente el aumento de la pensión básica solidaria. Esta misma semana, los diputados rechazaron el reajuste diferenciado para el sector público -pese a que el Gobierno había alcanzado un acuerdo con la mayoría de dichos gremios-, lo que obligará a una nueva negociación en el Senado.

El Congreso no puede seguir tolerando que su desprestigio continúe erosionándose. El país requiere hoy soluciones concretas, y recuperar la confianza en sus instituciones. Insistir en una política-espectáculo solo agravará la crisis.