Un estudio reciente de Clapes UC le puso cifra a una intuición extendida: criar un hijo en Chile hasta los 25 años cuesta, en valor presente, entre $78 y $224 millones según el quintil de ingreso. Lo que vale un departamento en Santiago. Y cuando los autores ajustan sus supuestos al Chile de estos años, con salarios que crecen poco, tasas que no bajan y pensiones que no reemplazan el último sueldo, la cuenta deja de cuadrar para cuatro de los cinco quintiles y el cálculo pesa.

La buena noticia es que el deseo sigue ahí. Según la última encuesta CEP, el número ideal de hijos promedia 2,4 y la respuesta más frecuente es dos. La realidad va por otro carril: en 2025 nacieron 146.446 niños, casi la mitad que en 1993, y la fecundidad cayó a 0,99 hijos por mujer, entre las más bajas del mundo. Chile no tiene un problema de deseo. Tiene un problema de condiciones. Y esa brecha es justamente donde la política pública actúa con plena legitimidad: no para convencer a nadie, sino para que quienes quieren tener hijos puedan tenerlos.

Hasta ahora, esa tarea la han sostenido las familias casi solas y, dentro de ellas, las madres. Las mujeres llegaron masivamente a la universidad y al trabajo, pero esa revolución no tuvo su espejo en el cuidado. Menos del 1% de los padres usa el postnatal parental, y el mismo estudio estima que en el quintil de mayores ingresos lo que la madre deja de ganar bordea los $79 millones a lo largo de su vida laboral. Es el costo indirecto más alto de todo el cálculo, y lo pagan ellas. Un sistema que obliga a una mujer a elegir entre ser madre y desarrollarse, o a criar en soledad, no es neutral. Tampoco lo es para los padres que quieren involucrarse y no encuentran cómo.

Cada hijo se cría en una casa, pero crece para un país. Hoy hay seis personas en edad de trabajar por cada mayor de setenta años; en 2050 serán poco más de dos. Quienes crían hoy sostienen las pensiones y los cuidados de mañana. Si lo que la crianza aporta es de todos, su costo no puede seguir recayendo en unos pocos. La decisión de tener un hijo es, y debe seguir siendo, íntima. Su costo, no.

No es una idea nueva. Chile decidió hace décadas que una parte de ese costo la pagamos entre todos: el Estado financia las vacunas, la alimentación escolar y el control del niño sano, cubre el pre y el postnatal con recursos fiscales y subsidia la educación desde el jardín hasta la universidad. Hoy el Congreso discute otro tramo con la sala cuna universal. Mi propuesta es seguir ese camino con lo que todavía queda fuera: el tiempo, el cuidado y la vivienda. Corea del Sur invirtió más de US$200 mil millones en dos décadas y aun así su fecundidad tocó el piso mundial: las transferencias aisladas mueven poco las decisiones. Lo que funciona es remover barreras. Una agenda con plazo, antes de 2030: corresponsabilidad parental que no dependa de la buena voluntad del padre, sala cuna universal con horarios reales, calendario escolar sincronizado con la jornada laboral y vivienda para familias jóvenes. Un niño que nazca en 2030 entrará a la vida laboral cerca de 2055. Razón de más para empezar ahora.

La pregunta ya no es solo cuánto cuesta criar un hijo, sino qué parte de ese costo estamos dispuestos a asumir como país. Pero esa conversación queda coja. La filósofa Anastasia Berg advierte que aprendimos a hablar de los hijos casi solo en clave de costos, riesgos y condiciones, y que no sabemos decir por qué valen la pena. Formar una familia no es una carga que se reparte: es una de las formas más profundas de construir sentido y futuro. Si cada hijo crece para un país, el país tiene que hacerse cargo de su costo y volver a decir en voz alta lo que vale.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC