Esta semana en el Congreso se dio por iniciada la discusión del Presupuesto 2027. Al ir conociéndose los detalles de lo propuesto por el Ejecutivo, instituciones de educación superior han advertido sobre el ajuste en el financiamiento para el nivel, que –tal como está diseñado hoy- alcanzaría una baja real del 1,0%. Si bien se trata de una preocupación legítima, antes de entrar al fondo es importante poner esta disminución en contexto: en la última década, el presupuesto de educación superior casi se duplicó en términos reales, mientras que el de educación parvularia cayó cerca de un 10%. El ajuste actual apenas modera esa tendencia.

Ahora bien, más que la magnitud de la reducción, importa lo que esta revela: la gratuidad es una política que rigidiza el financiamiento de las instituciones y las deja sin margen para adaptarse cuando los recursos escasean. Sus problemas son de tamaño y de diseño. Lo primero, porque su gasto se cuadruplicó en términos reales desde 2016 y hoy absorbe casi tres de cada cuatro pesos de educación superior. Por eso, cuando hay que ajustar, la gratuidad casi no se mueve (−0,3%), mientras los demás aportes caen más, dejando poco espacio para cualquier otra prioridad educativa.

Y de diseño, porque combina dos restricciones. Primero, el Estado fija un arancel regulado que solo reconoce los “costos necesarios y razonables” de impartir una carrera, con información histórica y rezagada, sin considerar investigación, innovación ni inversión en calidad. Segundo, impide cualquier aporte de los estudiantes beneficiarios y sus familias, y lo limita incluso para quienes no tienen gratuidad en los deciles 7 a 9. Esto agrava el problema: sin copago, el arancel regulado deja de ser solo un aporte del Estado y pasa a ser el precio máximo de la carrera.

Como toda fijación de precios bajo el costo, sus efectos son predecibles. En 2025, el arancel regulado cubrió menos de dos tercios del arancel real en las universidades privadas fuera del Consejo de Rectores, frente al 86% en las estatales. El déficit acumulado alcanza $1,85 billones entre 2016 y 2025, cubierto por las propias instituciones a costa de investigación, infraestructura y calidad, y la mayor parte ha recaído en universidades privadas.

Tampoco hay evidencia de efectos positivos que justifiquen la política: el número de titulados apenas ha variado desde 2016 y más de 270 mil beneficiarios abandonaron sus estudios, con un costo cercano a $1,6 billones. Todo para financiar un nivel cuyos egresados obtienen uno de los mayores premios salariales de la OCDE, en desmedro de la educación parvularia y escolar, de mayor retorno social. Todo esto es la consecuencia esperable de que el Estado fije el precio y financie casi la mitad de la matrícula. No es casual que solo 4 de los 38 países de la OCDE tengan gratuidad universal, ni que Australia e Inglaterra hayan retrocedido hacia esquemas de financiamiento compartido, basados en becas y créditos.

A esta rigidez se suma el trato desigual. Durante la administración anterior, mientras el aporte a las universidades estatales crecía 48% real, se recortaban los escasos instrumentos que llegaban a las privadas. Hoy, un grupo de universidades definido por criterios históricos recibe aportes basales exclusivos por más de $360 mil millones y es el único que puede usar los excedentes del Fondo Solidario para cubrir el déficit de la gratuidad. Que una universidad acceda o no a esos recursos depende de su origen, y no de su calidad ni de los estudiantes que atiende. Este proyecto corrige solo en parte esa herencia: une en un mismo fondo concursable a las privadas del G9 y al resto, pero con menos recursos que lo aprobado en el Presupuesto 2026, mientras la cuota de los CFT estatales sube 57% y el Aporte al Fomento de la Investigación cae fuertemente por primera vez.

Corregir ambas fallas exige cambios de fondo: mantener la gratuidad focalizada hasta el sexto decil, eliminando su expansión automática; liberar el copago para los deciles 7, 8 y 9 y en la sobreduración; revisar la metodología de los aranceles regulados; exigir la restitución de recursos ante deserciones injustificadas, y avanzar hacia instrumentos institucionales con reglas comunes, que premien la calidad y los estudiantes atendidos, eliminando el trato desigual. El gobierno acierta al priorizar los primeros años, el paso siguiente es asumir que el problema de la educación superior no se resuelve con más o menos recursos, sino con otro diseño. Uno que deje de fijar precios y de financiar categorías de instituciones, y que financie a los estudiantes con reglas iguales para todos.

Por Francisca Espinoza, directora de Estudios, Acción Educar