Hay casos que explican mejor que cualquier discurso el momento que vive Chile. Lo ocurrido con el proyecto C20+ de Collahuasi es uno de ellos.

Estamos hablando de una inversión de US$3.200 millones, con una Resolución de Calificación Ambiental aprobada hace años y con una planta desaladora en etapa final de construcción. No es una idea en estudio, ni un anuncio, ni una maqueta. Es inversión real con obras ejecutadas, trabajadores, proveedores, comunidades, financiamiento y años de tramitación.

Por eso la señal es tan preocupante. Cuando después de todo ese camino una autorización del Estado puede ser retrotraída judicialmente, incluso de manera parcial, el mensaje que recibe cualquier inversionista es muy duro y confuso: en Chile se puede cumplir con la institucionalidad, invertir miles de millones de dólares y, aun así, no tener plena certeza.

Esto no significa pedir menos exigencias ambientales ni desconocer los derechos de las comunidades. Una minería moderna debe tener altos estándares, diálogo temprano, respeto por los territorios y una relación seria con su entorno. Pero una cosa es exigir buenos proyectos, y otra muy distinta es permitir que los permisos sigan viviendo en el aire años después de haber sido aprobados.

La certeza jurídica no es un privilegio de las empresas. Es una condición básica para que un país funcione. Sin certeza, no hay inversión y sin ella no ocurre el efecto dinámico de la generación de nuevos empleos y, por lo tanto, se apaga el sueño del desarrollo para las personas. Así de simple. Y así de grave.

El caso es todavía más complejo porque el proyecto apuntaba precisamente a avanzar hacia una operación más moderna, con agua desalada, reduciendo el uso de agua continental. Es decir, una infraestructura coherente con los desafíos ambientales y productivos que Chile tiene por delante. Si queremos seguir siendo un país minero relevante, y al mismo tiempo hacerlo con mejores estándares, necesitamos el diseño de obras de este tipo. Pero también necesitamos que puedan ejecutarse en un tiempo prudente.

Es fundamental, entones, detenerse en el Plan de Reconstrucción presentado por el Gobierno. Más allá de las legítimas diferencias políticas que pueda generar, toca un punto central: Chile necesita recuperar crecimiento, inversión y empleo. Y eso exige destrabar proyectos, ordenar permisos, acotar plazos y reducir la incertidumbre que hoy paraliza decisiones.

Este debate no puede quedar atrapado en la caricatura. No es posible seguir jugando con la falsa dicotomía entre medioambiente y desarrollo. Esa es una contradicción ilusoria. Los países serios logran hacer ambas cosas: protegen mejor, evalúan mejor, escuchan mejor y también resuelven a tiempo. Porque cuando el Estado demora, se contradice o no sostiene sus propias decisiones, el costo no lo paga solo una empresa. Lo pagan las regiones, los trabajadores, los contratistas, los proveedores locales y, finalmente, todos los chilenos.

También debemos mirar con realismo los incentivos que hemos creado. El acceso a la justicia es legítimo y necesario. Pero cuando los permisos pueden ser cuestionados indefinidamente, incluso después de aprobados y con obras avanzadas, se abre espacio para una judicialización permanente. Y en ese escenario, el litigio deja de ser solo una herramienta de protección y puede transformarse en una herramienta de presión. El sistema debe cuidar derechos, no fabricar incertidumbre.

Chile lleva demasiado tiempo hablando de crecimiento, empleo y productividad, pero muchas veces actúa como si la inversión apareciera por generación espontánea y definitivamente no es así. La inversión requiere confianza. Y la confianza requiere reglas claras, instituciones consistentes y decisiones oportunas.

El caso Collahuasi debiera ser una señal de alerta. No para debilitar la institucionalidad ambiental, sino para fortalecerla. Una buena institucionalidad no es la que deja todo abierto para siempre. Es la que evalúa con rigor, escucha a quienes corresponde, exige lo necesario y luego entrega una decisión clara, estable y respetada.

La reconstrucción de Chile no será solo fiscal, habitacional o económica. También debe ser institucional. Necesitamos reconstruir la confianza en que el Estado cumple, decide y responde.

Chile no puede pedir inversión, empleo y crecimiento, y al mismo tiempo dejar en el aire permisos que el propio Estado aprobó hace años. Cuidar el medioambiente y dar certeza jurídica no son, entonces, objetivos opuestos. Un país serio necesita ambas cosas.

El autor de la columna es vicepresidente de SOFOFA