Un gasto público creciente ha puesto en grave riesgo la solvencia fiscal chilena, mientras se agudiza el grado de insatisfacción con su acceso a bienes y servicios de importantes segmentos de la población. No siendo posible sostener las actuales tendencias del gasto, porque desborda la capacidad financiera del Estado, más aún si no retorna el crecimiento, la atención debe ponerse en los niveles de ineficiencia con que el Estado gestiona sus recursos y en la urgente modernización de nuestro aparato estatal.

La crisis externa de 2008 suscitó una fuerte alza en el peso del gasto público, que ya nunca se corrigió completamente. Con una regla fiscal oficial permanentemente incumplida e impuestos siempre al alza, cambiaron la perspectiva financiera del fisco y el crecimiento potencial del país, y vino la primera rebaja de Chile en su condición de deudor soberano.

El proceso de desajuste fiscal llevó a un gasto público de 75 mil millones de dólares anuales y a la apariencia de un Estado con fuerte vocación social. Estudios recientes muestran, por ejemplo, que el ingreso mensual autónomo promedio de las familias en el 10% de más ingresos en la población excede los $ 3.000.000, lo que correspondería a 30 veces el ingreso autónomo de las familias del 10% más pobre de la población que apenas supera los $ 100.000. Pero si a esos ingresos autónomos de los más pobres se agrega lo que les aporta el Estado en dinero o en la forma de bienes o servicios (como educación y salud) su ingreso sube a $ 600.000 por mes, que ahora sería un sexto del ingreso del decil más rico.

Las cifras son correctas, pero no reflejan la percepción asentada en la ciudadanía de un acceso a bienes y servicios en el 10% más pobre del país muchísimo más feble que lo que correspondería a un sexto del ingreso del 10% más rico. La explicación está en que lo que provee directamente el Estado y se imputa como ingresos adicionales en los sectores de pobreza está medido al costo en que incurre el Estado para generar esos bienes. En su paso por el Estado, los recursos captados a través de impuestos se diluyen en burocracia, programas ineficientes que nunca se suprimen o mejoran, contrataciones y transferencias políticamente motivadas, instituciones capturadas por partidos políticos, sueldos sin relación con productividad y pagos excesivos al proveerse de insumos.

La opinión pública entiende que la ineficiencia estatal refleja la captura del Estado por el sistema político y ha presionado, por ejemplo, para que los parlamentarios reduzcan su dieta y limiten su reelección. Pero la situación presente es más exigente, tras dos meses de heterodoxia para enfrentar la crisis. Ningún grupo político puede eximirse hoy de la necesidad de priorizar y acotar las demandas ciudadanas, y de anteponer el interés del país para acometer una racionalización profunda de la acción del Estado. Restablecer la estabilidad social requiere hoy un verdadero compromiso de los agentes políticos para recuperar para los objetivos sociales, y para el país, los recursos fiscales que hoy sirven propósitos espurios.