La presentación de la Ley de Reconstrucción Nacional al Parlamento ha abierto el debate sobre el nivel de endeudamiento del Fisco. El gobierno está proponiendo una serie de medidas que -incluso antes del aparente error en la estimación del coeficiente deuda fiscal a PIB realizada por el gobierno anterior- mantendrían un déficit fiscal más allá de los próximos cuatro años.

La pregunta que corresponde hacer es si es deseable endeudar (más) al Fisco. En particular, ¿es racional colocarle -como existe en la actualidad- un límite a ese endeudamiento? En principio se puede argumentar que una regla que autorice al gobierno a emprender sin límite todo proyecto socialmente rentable maximizaría el bienestar nacional. El problema evidente está en la enorme dificultad de medición de ese beneficio. Por el otro lado, tampoco parece deseable permitir que los gobiernos se endeuden sin restricción alguna, dado que los beneficios políticos derivados del mayor gasto presente los pagan las futuras generaciones.

En la actualidad hay un acuerdo prácticamente universal de que la disciplina fiscal es una condición necesaria para lograr una alta tasa de crecimiento del PIB. Y la historia económica de Chile pareciera avalarlo, independiente del nivel y de la tasa de crecimiento del gasto fiscal. En particular, hay dos episodios -uno en el siglo XIX (de un nivel de gasto fiscal relativamente parejo e inferior al 10 por ciento del PIB) y otro en los años 1990 (de un nivel de gasto alcanzando un 30 por ciento del PIB)- en que Chile tuvo importantes superávits fiscales coincidentes con altas tasas de crecimiento económico.

Pues bien, es más fácil tener disciplina fiscal en presencia de una regla fiscal bien diseñada, tal como lo es tener disciplina monetaria en presencia de una buena regla correspondiente. Chile tiene ambas reglas, pero la aplicación de aquella monetaria ha sido exitosa, en cambio la regla fiscal lo ha sido mucho menos. En efecto, desde la crisis de 2008-2009 que el país ha sufrido de saldos fiscales estructurales negativos.

La principal diferencia entre el éxito de la aplicación de la regla monetaria y el relativo fracaso de aquella de la regla fiscal está en la institucionalidad. El Banco Central de Chile es independiente y tiene carácter ejecutivo. Su autonomía le permite tomar las medidas de política monetaria que estima necesarias para cumplir con su objetivo estabilizador de precios. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en cambio, sólo puede contribuir al manejo responsable de la política fiscal con su opinión, que es importante y es escuchada, pero no tiene poder resolutivo. El desafío consiste entonces en modificar las atribuciones del CFA para inducir a los gobiernos a seguir, con mucha más fuerza que en el presente, las recomendaciones de dicho Consejo.

Por Rolf Lüders, economista