Las economías ilícitas suelen asociarse a delitos aislados o de menor escala: comercio informal, falsificaciones, mercancía robada que se revende. La realidad es largamente más grave. Se trata de mercados organizados que funcionan como un ecosistema económico paralelo, con cadenas de valor completas y con lógica empresarial.

La magnitud está medida. Según el estudio de la CPC Por un Chile sin Economía Ilícita, estos mercados movilizan al menos US$ 5.700 millones anuales, equivalentes al 1,5% del PIB: más que el producto de regiones completas como Ñuble o Los Ríos. A ello suman una pérdida fiscal superior a US$ 1.500 millones y desembolsos privados en seguridad y prevención por US$ 2.700 millones solo en 2022. Para dimensionar: la pérdida fiscal asociada al mercado ilícito del tabaco se estima cercana a US$ 1.000 millones anuales, más de la mitad del presupuesto de Carabineros.

Pero el daño no es solo contable. Tan grave como la pérdida económica es la normalización de la ilegalidad. Cuando lo ilícito se vuelve cotidiano: el producto falsificado en la feria, el crédito informal que reemplaza al banco, el teléfono robado que se compra sin preguntar; la frontera entre lo aceptable y lo inaceptable se desdibuja. Cuando eso ocurre, la legalidad deja de ser el piso común. Primero se tolera la excepción, después se justifica el atajo y finalmente se acepta que “así funcionan las cosas”.

Este deterioro golpea con más fuerza donde el Estado llega tarde o llega poco. En comunidades con menos oportunidades, la economía ilícita se presenta como una oportunidad: promete ingreso rápido y, con él, pertenencia, protección y estatus. Captura mercados y, peor aún, captura expectativas: instala en los más jóvenes la convicción de que el camino formal es lento e inútil, mientras el ilegal parece inmediato y eficaz.

Frente a esto, decomisar productos o perseguir al último eslabón de la cadena es necesario, pero insuficiente. La respuesta eficaz es anticipatoria: un Estado coordinado, información integrada entre el sector público y el privado, y una inteligencia capaz de seguir la ruta del dinero hasta golpear la rentabilidad del negocio.

Aun así, ninguna estrategia de control bastará mientras la trampa siga entendiéndose como legítima. La disputa de fondo es educativa y cultural, en el sentido amplio del término: se juega en la familia que transmite el valor del esfuerzo y del orden, en la escuela que enseña el sentido de las reglas, en las empresas que demuestran con su conducta que la formalidad no es ingenuidad sino condición del progreso. Porque cuando saltarse la fila, evadir, comprar falsificado o financiarse en circuitos informales empieza a parecer simple “viveza”, el problema ya dejó de ser policial.

Italia, entendió hace décadas que la lucha contra la mafia no puede quedar solo en manos de jueces, fiscales y policías. La legalidad también se enseña con símbolos y prácticas concretas: recordar a las víctimas, formar ciudadanía, recuperar y entregar bienes confiscados al crimen para usos sociales y demostrar que aquello que fue dominio criminal puede volver a ser comunidad. Esa es la pedagogía que a Chile le falta ensayar.

Por María José Naudon, abogada.