El Ministro del Interior ha planteado la posibilidad de castigar mediante la realización de trabajos comunitarios las fiesta clandestinas, ¿es adecuada la sanción propuesta? ¿Infantiliza a quien la recibe como han planteado algunos expertos?

La distribución del poder, ya sea en la forma en que se transfieren votos o en la manera en que las distintas posiciones ideológicas se reparten la representación, está en el principio de las preguntas constitucionales. Desde ahí, podemos pensar en el catálogo de derechos, su protección, los órganos que los sustentan, entre otras cosas.

No somos ni seremos el oráculo de Delfos; no oiremos el canto de las sirenas y nadie nos va a botar del caballo. Qué nos queda entonces: el diálogo, el sano escepticismo, la apertura a ser persuadido.

Más que una cuestión ontológica (aunque también importe), la gravedad del asunto es más bien práctica y radica en dos aspectos. En lo contagiosa que resulta la falsedad y en los efectos secundarios que ella genera en el quehacer político. Miente, miente, que algo queda… dicen por ahí.

Hoy es imperioso evitar el miedo y también la ingenuidad y esto que se dice fácil es profundamente difícil, pues las demandas son nuevas y los canales de difusión, los ciudadanos y las lógicas también lo son.

La violencia puede ser vista como un elemento más dentro de un gran escenario territorial donde también habitan ciudadanos bien intencionados, ilusionados y expectantes. Y así es. Pero como la tinta puede teñir un curso de agua cristalino, aislarla del cuadro es tan absurdo como negarse a diferenciar las partes del mismo.