Terminó septiembre y con la llegada de octubre se estrena el rito presupuestario. El gobierno lo presentó, la oposición lo criticó, y se vienen –como siempre- dos meses de debate. El Presupuesto es muy importante, pero no hace milagros. Puede ayudar a sostener la actividad, acelerar inversiones y enfrentar la coyuntura laboral. Pero no puede reemplazar el verdadero motor del crecimiento: millones de personas y empresas dispuestas a invertir, emprender, contratar y asumir riesgos.

Nuestra economía vive un momento difícil, aun cuando se estén tomando las decisiones correctas. Desempleo en 9,6%, un punto más que hace un año, ocupados cayendo 0,9%, IMACEC a la baja, y un Banco Central que redujo la proyección de crecimiento de este año a un rango de apenas 0,25%-0,75%.

Son cifras malas, y representan problemas reales y actuales de personas, familias y empresas. Sería un error minimizar las cifras y su impacto. Pero también sería un error pensar que la foto actual define la trayectoria que tendrá el futuro de Chile.

Nuestro país está batallando para salir de un largo período de bajo crecimiento. Estamos medio atrofiados de tanto acumular regulaciones, permisos e incertidumbres que han hecho tan difícil invertir y contratar. La economía se llenó de amarras y rigideces.

Desatar las amarras toma tiempo, mucho tiempo, especialmente cuando el nivel de deterioro es grande. El gobierno hace lo correcto al aprobar la ley de reconstrucción, impulsar simpleza en los permisos, promover cambios y comunicar certezas. Pero la confianza para arriesgar capital exige que esa certeza sea duradera.

Para decirlo de otra forma, convivimos entre dos realidades: cifras económicas muy preocupantes, y reformas muy valiosas que empiezan a corregir las causas del problema.

Es en ese contexto que vale la pena mirar el Presupuesto 2027. El esfuerzo adicional del gobierno es razonable dada la situación del mercado laboral y la falta de impulso económico: adelantar inversión, infraestructura y apoyo transitorio a la contratación puede ayudar a generar mejores condiciones para retomar el dinamismo. Pero una cosa es ayudar durante la transición y otra muy distinta es pretender impulsar el crecimiento desde el gasto del estado.

El Presupuesto no logrará sustituir los miles de decisiones descentralizadas que determinan si una economía crece. El crecimiento ocurre cuando una pyme compra una máquina, cuando un emprendedor arriesga sus ahorros, cuando una empresa contrata un nuevo empleado porque tiene la esperanza de vender más.

Ninguna ley de Presupuesto puede ordenar que esas decisiones ocurran. Lo que sí puede hacer el gobierno desde la política pública es generar las condiciones para desatar las amarras y permitir que las empresas inviertan, contraten e innoven. Ya lo está haciendo y tiene que seguir haciéndolo. El problema es que los resultados tomarán tiempo. Y la transición será difícil.

El Banco Central entrega una señal interesante y que puede dar luces de optimismo: proyecta que la inversión, tras caer este año, crecerá 8,1% en 2027 y 7,1% en 2028, y que la Ley de Reconstrucción podría aportar medio punto adicional de crecimiento anual en ese período. Veremos qué pasa.

Mientras tanto, nuestra energía debe concentrarse en lo fundamental: reglas estables, permisos razonables, impuestos competitivos e instituciones que hagan que las cosas ocurran. Quien tenga una buena idea y esté dispuesto a arriesgar debe encontrar en Chile un país que facilita su iniciativa, no uno que le pone una nueva barrera.

Pero no debemos confundir el apoyo presupuestario para la transición con promover las verdaderas condiciones que permitirán avanzar. Bienvenido el esfuerzo presupuestario si ayuda a generar empleo e infraestructura. Pero el verdadero desafío es otro: quitar las amarras que durante años le fuimos poniendo a nuestra economía y dejar que vuelvan a desplegarse las fuerzas que alguna vez la hicieron dinámica.

El Estado puede despejar el camino. El Presupuesto puede ayudar. Pero no hace milagros. El crecimiento llegará cuando recuperemos la confianza en la capacidad de las personas para crear, invertir, contratar y emprender. La pregunta es si estamos dispuestos a confiarles ese motor, en lugar de intentar encenderlo por decreto.