El mantra de los debates tributarios, “eso lo hacen en la OCDE”, se repite también respecto del financiamiento de ayudas sociales, como si dichos países no enfrentaran límites presupuestarios. Pues bien, el informe Restoring Public Finances (OCDE, 2026) refleja que la deuda pública promedio OCDE ronda el 110% del PIB; que el servicio de esa deuda consumió el 3,3% del PIB en 2025, superando lo que muchos países gastan en educación o en infraestructura; y que 21 de 33 de los gobiernos verán dañados sus balances fiscales bajo estas políticas actuales.

Lo interesante no es el diagnóstico, sino la respuesta. El 89% de estos países está reformando gastos de salud, pensiones o bienestar social. Estos ajustes no los introducen porque dichos gastos no sean importantes, sino porque estas partidas representan casi el 50% del gasto público, por lo que no se alcanzaría la consolidación fiscal sin afectarlos.

¿Qué hacen hoy los países con los cuales nos comparamos? Entre las medidas que merecen destacarse están las siguientes. Austria obliga legalmente al gobierno a implementar medidas correctivas si el gasto en pensiones supera un umbral predefinido; Dinamarca, líder de rankings de felicidad y estado de bienestar, reemplazó subsidios de desempleo por un sistema unificado de tres niveles estandarizados y eliminó esquemas de apoyo empresarial obsoletos; Japón está implementando criterios más estrictos de cobertura farmacéutica y mayores copagos cuando existen alternativas más baratas; Corea del Sur exige a quienes solicitan beneficios de desempleo de forma reiterada que reporten su búsqueda de trabajo cada dos semanas; Países Bajos está eliminando sistemáticamente cerca de 200 exenciones tributarias ineficaces, mientras centraliza las funciones administrativas de sus ministerios; Finlandia indexará copagos de salud pública al crecimiento de los salarios desde 2027, para que el sistema no se descapitalice; Suecia, por su parte, no compensa íntegramente a sus agencias públicas por los aumentos anuales de precios y salarios, obligándolas a absorber esa diferencia con ganancias de eficiencia.

En Chile, en tanto, proponer que una prestación tenga condiciones —es decir, que quien la recibe deba demostrar que la necesita o que está haciendo algo por superarla— equivale, para algunos sectores, a una declaración de guerra contra los más vulnerables, y su sola mención desata un debate de proporciones.

El mismo mecanismo que Corea del Sur aplica sin mayor drama a sus beneficiarios de desempleo, o que la República Checa usa para fusionar cuatro subsidios distintos en uno más eficiente es el simple reflejo de que dichos países buscan racionalizar sus sistemas de bienestar justamente para hacerlos sostenibles en el tiempo. Con estas medidas correctivas no se puede concluir que la OCDE esté desmantelando su estado de bienestar, sino más bien que son pragmáticos a la hora de reconocer que la sostenibilidad fiscal no es el enemigo de los programas sociales, sino que su condición de existencia.

Por Macarena García, economista senior, Libertad y Desarrollo