Exilio de Edmundo González
La partida a España de quien legítimamente triunfó en las elecciones presidenciales de Venezuela es ciertamente un duro golpe para la oposición, que ahora depende fundamentalmente de las presiones que pueda hacer la comunidad internacional.
Sin duda ha sido un duro golpe para la oposición venezolana el hecho de que Edmundo González -el candidato de la oposición que triunfó indiscutidamente en las elecciones presidenciales del 28 de julio, resultado que fue desconocido por el régimen de Nicolás Maduro, proclamándose como ganador- haya partido al exilio, rumbo a España. Con ello se debilitan las posibilidades de presionar al régimen para que acceda a negociar la entrega del poder y con ello dar salida a la profunda crisis en que se encuentra sumido el país.
Ciertamente que la situación de Edmundo González se había tornado crítica, toda vez que el régimen había levantado en su contra una descarnada persecución judicial, ante lo cual corría el inminente riesgo de ser encarcelado, corriendo la misma suerte que han enfrentado otros opositores. González ha prometido continuar la lucha desde España, a lo cual se suma la resistencia que ha mantenido la líder opositora María Corina Machado, quien ha decidido permanecer en Caracas, desafiando las amenazas que el gobierno venezolano ha desplegado en su contra.
La batalla que siguen dando Machado y González es encomiable, pero es un hecho que cuando uno de sus principales líderes se ha visto forzado a exiliarse -y por lo tanto sus intentos por asumir el cargo presidencial que le corresponde por derecho pierden evidente fuerza- es señal de que la oposición está siendo arrinconada y como contrapartida una muestra de que el régimen sigue fortalecido, y de que su pretensión de seguir aferrado al poder se mantiene a firme.
Ahora todo parece depender de las señales que al respecto dé la comunidad internacional, cuya respuesta hasta aquí ha sido errática. Aun cuando la mayor parte de los países no reconoce el triunfo de Maduro, parece una ilusión seguir aferrados a la idea de que el régimen se allanará a una verificación independiente de las actas electorales, lo que claramente ya no ocurrió. Brasil y Colombia al parecer no pierden la esperanza de una salida negociada a esta crisis, pero estas tratativas hasta aquí han sido del todo inútiles. La señal que dio el propio régimen, al revocar que la embajada de Brasil pudiera seguir con la representación de la sede argentina -donde hay varios refugiados- es una muestra más de que Maduro incluso está dispuesto a romper con sus viejos aliados.
Para la región es un enorme golpe que los procesos democráticos sean desconocidos, pero hay un costo aún mayor desde el punto de vista de los derechos humanos, pues la dictadura de Maduro ha emprendido una feroz represión en contra de la disidencia, contando más de dos mil prisioneros -muchas veces invocando cargos de “conspiración” o “terrorismo”-, una veintena de fallecidos, agresión a manifestantes y una censura a gran escala. Ayer 45 países -incluido Chile- suscribieron una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que Venezuela ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes, que se está intensificando en todo el país. Esto debería imprimir un sentido de urgencia a la comunidad internacional, que por ahora no se observa.
