La historia es brutal y vergonzosa: familias que perdieron sus casas en los incendios de 2024 recibieron una respuesta del Estado, esperaron la reconstrucción y ahora ven cómo esas mismas viviendas deben ser demolidas por fallas graves. Primero vino el fuego. Luego la promesa. Después la espera. Y finalmente, la demolición. Sí, la solución también puede terminar convertida en escombros.

La confirmación de la demolición de viviendas reconstruidas en Viña del Mar no es una noticia puntual. Es el símbolo perfecto de una falla profunda en la forma en que Chile enfrenta sus desafíos sociales y la erosión de la confianza en la colaboración público–privada.

Una cosa es llegar tarde con la reconstrucción. Otra, bastante peor, es llegar tarde y mal.

Eso ya requiere talento institucional. Requiere exceso de burocracia, controles ausentes, empresas deficientes y una notable capacidad para transformar una política pública en un nuevo castigo para quienes ya lo perdieron todo. Porque una familia que pierde su hogar en una catástrofe y luego recibe la confirmación de que la vivienda entregada como respuesta será demolida, no enfrenta solo una mala gestión: enfrenta una segunda tragedia.

Las cifras confirman que el problema no es aislado. Recientemente, el Ministerio de Vivienda informó que entre 2020 y 2025 el Estado destinó más de 1,71 millones de UF a la reparación de viviendas sociales. Más inquietante aún: el gasto anual en reparaciones prácticamente se triplicó en los últimos cinco años. En simple, estamos gastando dos veces. Primero para construir. Después para reparar lo que nunca debió fallar.

Eso no es gestión social a la altura de Chile. Es la administración del error. Es usar recursos públicos para tapar hoyos que la propia institucionalidad dejó abiertos. No basta con ejecutar presupuesto, cortar cintas o anunciar soluciones con tono solemne. Si los recursos no generan impactos concretos y duraderos en la vida de las personas, entonces no estamos frente a inversión social: estamos frente a asistencialismo mal ejecutado, con factura pública y costo humano.

La gestión social moderna exige abandonar esa lógica. Requiere políticas basadas en evidencia, evaluación rigurosa, medición de resultados y tecnologías capaces de integrar información para tomar mejores decisiones. Pero también exige empresas privadas de alto estándar, que no rompan la confianza en la colaboración público-privada que tanto ha costado construir y defender como una de las pocas soluciones viables para enfrentar los problemas sociales del país.

La reconstrucción de Viña del Mar quedará como una advertencia brutal. No basta con responder a una emergencia; hay que responder bien. No basta con entregar viviendas; hay que asegurar que sean de alto estándar, seguras y duraderas. No basta con gastar recursos; hay que generar valor público y privado. Lo contrario no es política social. Es la demolición de la inversión social.

Por Nicolás Birrell B., Presidente Desafío Levantemos Chile.