Chile posee una de las mayores reservas mundiales de litio, mineral indispensable para la matriz energética del presente y del futuro, cuyo control geopolítico se disputan hoy las principales potencias del mundo.

A diferencia del cobre, el litio no puede explotarse mediante el sistema general de concesiones mineras, ya que desde 1979 fue declarado de interés nacional y excluido de la concesibilidad. Para su desarrollo, se contemplan tres vías: por el Estado o sus empresas, mediante concesiones administrativas, o a través de los Contratos Especiales de Operación de Litio (Ceol), instrumentos que habilitan la participación privada. Este régimen especial, superpuesto al sistema de concesiones mineras tradicional, ha generado un sistema dual cuyas tensiones resultan imposibles de ignorar y amenazan con perjudicar la prosperidad de la industria.

La Estrategia Nacional del Litio buscó posicionar a Chile como líder en la producción sostenible de este mineral, estableciendo asociaciones público-privadas. Su objetivo declarado fue aumentar el potencial productivo, atraer nuevos actores y expandir la industria hacia otros salares, con ambiciosas promesas de licitaciones a privados. No obstante, su implementación ha revelado profundas inconsistencias.

Para otorgar un Ceol existen dos modos: trato directo y licitación pública. A la fecha, se han tramitado varios Ceol; sin embargo, solo los de empresas estatales han completado íntegramente su tramitación ante la Contraloría: el de Enami para Salares Altoandinos y la modificación del Ceol de Codelco para Maricunga, ambos bajo modalidad de trato directo.

Los contratos destinados exclusivamente a privados han corrido peor suerte. Recientemente, el órgano contralor rechazó dos Ceol, al existir vicios administrativos producto de un procedimiento sin sustento legal suficiente. Esto demuestra que el sistema de adjudicaciones de Ceol no cuenta con una regulación clara y predecible para el ingreso de actores privados y que ni siquiera el propio ente público tiene certeza sobre cómo gestionar estos instrumentos, generando retrasos inaceptables en una industria donde el tiempo es una variable competitiva. Australia avanza, Argentina flexibiliza y Chile debate si el decreto lo firma el Ministerio o el Presidente.

Una confusión procedimental de esta magnitud, en contratos de esta relevancia estratégica, revela fallas sistémicas en la gobernanza del litio.

A ello se suma la tensión entre los derechos concesionales preexistentes y las iniciativas estatales de desarrollo del litio. En salares norteños, titulares de concesiones mineras han visto amenazados sus derechos cuando el Estado avanza sin integrarlos al proceso. Las concesiones no son meros permisos administrativos: constituyen propiedad privada sobre los recursos del subsuelo, con protección constitucional. Su titular tiene derecho a que sean respetadas, valoradas e integradas en todo proceso de desarrollo. Subordinar las concesiones o ignorarlas en función del régimen especial del litio socava la seguridad jurídica que ha sido pilar del liderazgo minero chileno durante décadas.

Considero virtuoso que Chile promueva modelos de inversión y desarrollo público-privados para la minería; la colaboración entre el Estado y el sector privado puede acelerar proyectos, aumentar la productividad y distribuir beneficios al país. No obstante, esta estructura solo podrá ser sostenible si opera dentro de un marco plenamente integrado, transparente, armonizado con el régimen de concesiones mineras y que elimine las contradicciones que hoy fragmentan el sistema, multiplican litigios, paralizan inversiones y erosionan la confianza.

*La autora de la columna es abogada y directora de empresas