Ad portas de cumplir cien días en el poder, el gobierno del Presidente José Antonio Kast ya muestra su tono y, sobre todo, su carácter al empujar políticas públicas de corte conservador, más allá de la Ley de Reconstrucción que -hasta unas pocas semanas- monopolizaba su agenda. “Este es un gobierno restaurador y redentor, aunque con buena educación y guante blanco”, decía el exministro y reconocido analista Enrique Correa, en nuestra edición del pasado domingo. Y lo que hemos conocido en esta última semana parece darle la razón. Tras su cuenta pública, Kast parece haber pasado a la acción. El lunes, en Chacalluta, Kast firmó la reforma constitucional que permitirá retener a migrantes irregulares por un plazo de hasta 180 días -hoy el máximo es de cinco-, y anunció una reforma legal para sancionar el traslado de migrantes del país. Ese mismo día se levantaron las alertas en los partidos oficialistas luego de que se conocieran los embargos que la Tesorería General de la República está llevando adelante a personas deudoras del CAE. “Las deudas se pagan”, contestó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien al día siguiente -el miércoles- reconoció en radio Duna que tras la megarreforma que hoy se debate en el Senado, “por supuesto que hay un tema cultural (...). Estamos tratando de cambiar la cultura, porque no es funcional al desarrollo económico”. Y el jueves, el presidente firmó el proyecto de responsabilidad parental, que busca reforzar el rol de madres, padres y cuidadores en la formación y supervisión de niños y adolescentes, y de hacer efectiva la responsabilidad cuando se falla en el deber de ejercer ese rol. “Esto va a generar discusión, pero no podemos permitir la irresponsabilidad”, dijo Kast. Todas estas iniciativas demuestran que el Ejecutivo está dispuesto a correr el cerco. La duda que cabe es si las fuerzas más moderadas que hoy lo sustentan seguirán apoyando esta agenda, que -es más que obvio plantearlo- saca chispas en la oposición.

Muestra clara de ello fue la sorpresiva reaparición pública del expresidente Gabriel Boric, quien -a tres meses de dejar La Moneda- rompió su silencio para criticar severamente los embargos a deudores del CAE y acusar una “contradicción” entre ello y el rechazo del oficialismo al proyecto de ley que buscaba agilizar el levantamiento del secreto bancario. También se ocupó de manifestar su apoyo al exministro Nicolás Grau, quien enfrenta una acusación constitucional en contra, la que tiene revueltas las aguas en el Congreso y -hasta ahora- con un mal pronóstico para el frenteamplista, al menos en la Cámara Baja.

En esta edición recorremos los principales procesos y personajes de estos cien días de Kast.