Este mes se cumple un año de la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad, cuyo mensaje presidencial enviado por Sebastián Piñera en Septiembre del 2021 decía: “…permitirá mejorar la sujeción a la autoridad civil de las policías, con una dirección civil que sea capaz de evaluar su gestión financiera, administrativa, operativa e incluso educacional…”

La frase no es casual. El concepto de sujeción a la autoridad civil ha sido debatido y estudiado largamente, forma parte de las condiciones básicas de la vida democrática moderna y existe un amplio entendimiento respecto de su necesidad.

Ejercer la dirección civil sobre las policías no es un capricho para tener “civiles a cargo”, es la necesidad de que sean decisiones políticas en un marco de convivencia democrática las que guíen el trabajo policial.

La sujeción a la autoridad civil requiere que esta última goce de legitimidad, requiere que los civiles que dirigen el ministerio entiendan la doctrina y la cultura interna de las instituciones a dirigir, pero al mismo tiempo que tengan la suficiente distancia de ellas para tomar las decisiones que sea necesario tomar.

Nada de esto se observa en la actualidad en el nuevo ministerio: La salida sorpresiva de la tercera antigüedad de la PDI sembró un manto de dudas sobre el liderazgo de la Ministra.

La designación de ex policías en las jefaturas claves del ministerio abre cuestionamientos respecto de la pertinencia y objetividad con que se toman las decisiones. El control civil se ejerce por aquellos que hace menos de un año compartían con quienes ahora deben dirigir desde el escalón político. El conflicto de interés es evidente.

Políticas, Estrategias, Planes y Programas son algunos de los instrumentos que tiene la autoridad política para direccionar el trabajo sectorial y cumplir las funciones para las que está mandatada.

Así las cosas, el gobierno del presidente Boric tenía herramientas propias como la Política Contra el Crimen Organizado, casi inédita en la región, y el Plan Contra el Crimen Organizado.

El escenario de la actual administración es alarmante: no cuenta con planes ni estrategias propias para enfrentar la criminalidad organizada o los delitos más violentos como el homicidio. Por el contrario, los planes y programas de la administración anterior siguen vigentes, pero ahora sin una jefatura que oriente y direccione el cumplimiento de sus metas.

La falta de ideas preocupa. La autoridad ha optado por copar la agenda mediática asistiendo a operativos para vincular su imagen al éxito policial. De esta forma no se dirige, solo se observa. Sin dirección política el trabajo policial se limita a la respuesta. Sin planes de mediano y largo plazo, todo es inmediatez, genera desorden y perdida de sentido.

El fracaso no es rotundo, pero no se pueden obviar los datos. Según la fiscalía los homicidios vinculados con causas de Crimen Organizado aumentaron un 37% solo en este mes. Según datos del propio Ministerio, a la fecha van más homicidios que a la misma fecha el año pasado. Todo esto no parece casual, sino la consecuencia de la ausencia de liderazgo y dirección. Si no se enmienda el rumbo, esos números seguirán creciendo.

El aniversario de la puesta en marcha del Ministerio coincide con que el gobierno cumple un mes al mando de la seguridad de todos los chilenos. Un mes de un Ministerio que está al debe y que parece haber renunciado a su principal función: ejercer la autoridad civil del sector, actualizando la política y elaborando planes y programas que marquen un camino y den dirección al trabajo cotidiano de las policías.

Por Alejandro Urquiza C., ex Jefe de la División de Crimen Organizado, Terrorismo y Seguridad Fronteriza.