La discusión sobre el pago de contribuciones es legítima. Puede debatirse si se trata de un impuesto justo, si su diseño requiere correcciones, si ciertas personas mayores o sectores medios necesitan alivios, o si el sistema debe actualizarse. Todo eso es atendible.

Pero reducir el debate sobre financiamiento municipal a las contribuciones termina empobreciendo la conversación. Una cosa es revisar un tributo y otra, muy distinta, es aceptar que la calidad de los bienes y servicios que recibe una persona dependa tan marcadamente de la comuna donde vive.

Durante años hemos hablado de las brechas entre municipios ricos y pobres. Sabemos que hay comunas con más recursos propios, mejores equipos técnicos y una oferta más robusta en salud, educación, seguridad, cuidados, espacios públicos o apoyo a las personas mayores. También sabemos que existen municipios que administran carencias estructurales y que, aun con voluntad, no tienen cómo responder al mismo estándar.

Sin embargo, el debate suele quedar atrapado solo en la mecánica del financiamiento. Cuánto se recauda, cuánto se redistribuye, quién gana o quién pierde con el Fondo Común Municipal, o cuánto afecta una rebaja de contribuciones a determinados presupuestos locales. Todo eso importa, pero no basta. La pregunta de fondo debiera ser otra ¿Qué servicios mínimos debe garantizar un municipio a sus vecinos, independientemente de la comuna en que vivan?

No es razonable que en una comuna una hora médica en el Cesfam se consiga haciendo fila a las seis de la mañana para ser atendido un mes después, mientras en otra, pueda pedirse por teléfono y obtenerse en dos semanas. Tampoco lo es que dos personas mayores que viven de la PGU, que para las cifras oficiales, el Registro Social de Hogares y el propio Estado aparecen en una condición similar, tengan experiencias de vida tan distintas dependiendo de la comuna en que viven. Una puede acceder a programas de salud, recreación, acompañamiento y apoyo social de alto estándar; otra, con la misma pensión y necesidades equivalentes, puede enfrentar una oferta mucho más precaria apenas unas comunas más allá. La diferencia no está solo en sus ingresos, sino en lo que el municipio es capaz de ofrecerles.

No se trata de negar las diferencias territoriales. Un municipio rural no tiene las mismas necesidades que uno metropolitano; una comuna pequeña no enfrenta los mismos desafíos que una con alta densidad, migración, envejecimiento o presión urbana. Precisamente por eso, Chile debiera avanzar hacia una conversación más seria: definir estándares mínimos diferenciados según tamaño, población y condiciones territoriales; costearlos; y luego discutir cómo se financian.

Ese orden importa. Primero debemos definir qué entendemos por una vida municipalmente digna: tiempos razonables de atención, acceso a programas básicos, espacios públicos adecuados, apoyo a personas mayores, gestión de seguridad comunal, servicios sociales oportunos e infraestructura mínima. Después corresponde calcular cuánto cuesta. Solo entonces tiene sentido discutir la arquitectura de financiamiento.

Si lo hacemos al revés, la conversación seguirá reducida a una disputa entre contribuyentes, municipios y redistribución. Unos preguntarán cuánto les van a cobrar; otros, cuánto van a perder. Mientras tanto, los ciudadanos seguirán esperando respuestas básicas que no deberían depender de vivir en Providencia, Independencia, Penco, La Pintana o cualquier otra comuna del país.

La verdadera discusión municipal no es solo de ingresos. Es una conversación sobre equidad territorial, capacidad de Estado y dignidad cotidiana. Para muchas personas, el Estado no aparece primero en un ministerio ni en una gran reforma nacional. Aparece en el consultorio, en la vereda, en el retiro de basura, en la seguridad del barrio, en el programa para personas mayores, en la escuela municipal o en la atención social.

Por eso, discutir de las contribuciones es necesario, pero insuficiente. Ese tributo debe analizarse en su propio mérito: su justicia, su diseño, sus exenciones, sus efectos y su legitimidad. Lo que no corresponde es cargar sobre esa discusión toda la responsabilidad del financiamiento municipal. Si cada impuesto se defendiera o rechazara únicamente según el gasto específico al que se asocia, terminaríamos construyendo una jerarquía artificial entre tributos “más justos” o “menos justos” dependiendo de la sensibilidad del destino de esos recursos.

La promesa de seguridad en el sentido amplio no se juega solo en las grandes políticas nacionales. También se juega en la experiencia cotidiana de vivir en una comuna en la posibilidad de acceder a un consultorio, a una calle segura, a una vereda transitable, a un programa de apoyo o a una atención municipal oportuna. Por eso, mientras esa experiencia siga siendo tan desigual, la discusión municipal seguirá incompleta. Chile no puede resignarse a que las personas reciban más o menos servicios de calidad según el código postal donde nacieron, viven o envejecen.

Por Natalia Piergentili, directora de asuntos públicos de Feedback.