Mientras desde la DC hasta el PC defienden a ultranza el "legado" de la Nueva Mayoría en educación escolar, la Ley de Inclusión (2015) está provocando serios daños en el sistema educacional que funcionó hasta esa reforma.

Antes de la Ley de Inclusión, un particular podía iniciar un colegio, acceder a la subvención estatal e invitar apoderados a contribuir con copago, para impulsar su proyecto educacional. El sector particular subvencionado, porque fue preferido por las familias, llegó a superar en cobertura al sistema municipal. El Estado pudo concentrarse en la educación municipal, y en regular y fiscalizar una educación privada que aportaba pujanza y talento innovador. Los resultados educacionales mejoraron persistentemente y Chile tuvo una posición de liderazgo en la región.

Tras las turbulencias en 2011, y a partir de 2012, cesaron el mejoramiento absoluto en los resultados de las pruebas Simce de rendimiento escolar y el acortamiento de las brechas de desempeño entre estudiantes agrupados según nivel socioeconómico. Entonces vino la Ley de Inclusión de la Nueva Mayoría.

Luego que esta reforma limitara gravemente a los colegios particulares subvencionados, con y sin fines de lucro, para desarrollar sus proyectos educativos, la educación escolar chilena comenzó a perder talentos humanos, y recursos físicos y financieros. En 2018 había 395 colegios particulares subvencionados menos que en 2015. La creación de estos colegios a un ritmo de 50 por año cayó a solo seis por año después de la ley, mientras colegios particulares subvencionados que venían de antes de la reforma fueron abandonando la educación pública. Muchas familias con medios económicos suficientes han trasladado sus pupilos a la educación particular pagada, el único segmento donde el número de colegios y de alumnos aumenta significativamente (16% de incremento en la matrícula entre 2015 y 2019). Las familias sin esa posibilidad han visto que sus hijos quedaron limitados a colegios particulares subvencionados agobiados por exigencias burocráticas, impedidos de seleccionar, restringidos por la eliminación del copago. No hay evidencia de que la alternativa que les queda -la educación derechamente estatal de la que habían emigrado por su falta de calidad- vaya a mejorar.

Hay buenas razones para anticipar que el igualitarismo y el estatismo tras la Ley de Inclusión puedan "nivelar hacia abajo", pero no que puedan sostener el desempeño de la educación escolar pública. El temor de las familias, revelado por los cambios en matrícula, es que la educación pública se deteriore, por haber sustituido incentivos por burocracia, y por una creciente influencia de los mismos intereses corporativos que la sometieron recientemente a una extensa huelga. Tratándose de la educación, donde se potencian los intereses y talentos que dan valor a la existencia de los jóvenes, los riesgos del experimento igualitarista son graves, y obligan a sostener la lucha por restablecer el derecho de elección de las familias.