El 22 de febrero el gobierno de México confirmó la muerte del principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las estructuras criminales más poderosas vinculadas al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y a múltiples economías ilícitas dentro del país, incluida la extorsión. Con presencia en zonas portuarias y fronterizas, y con un control territorial creciente en diversos estados de la federación, el CJNG ha consolidado una compleja red de corrupción individual e institucional, especialmente a nivel local. La amenaza y la violencia han sido parte constitutiva de su estrategia de expansión. No es menor recordar que el actual Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue atacado en 2020 por más de 28 sicarios en plena Ciudad de México.

No es la primera vez que un líder criminal es abatido por el Estado mexicano. Tampoco será la última. La experiencia comparada en México y América Latina muestra que la eliminación de un jefe criminal no equivale automáticamente al debilitamiento de la organización ni, mucho menos, a la reducción estructural de la violencia.

¿Qué se puede esperar?

La evidencia sugiere al menos cuatro procesos. Primero, un aumento inmediato de la violencia dirigida contra funcionarios policiales y autoridades políticas en los territorios donde el grupo tiene influencia, ya sea como represalia o como mecanismo de advertencia. Segundo, un reacomodo del control territorial y del mercado ilícito, que suele resolverse mediante disputas internas o enfrentamientos con organizaciones rivales, generando picos de violencia homicida. Tercero, una eventual adaptación organizacional: si la estructura cuenta con niveles de institucionalización suficientes, puede emerger rápidamente un nuevo liderazgo que garantice continuidad operativa. Cuarto, un efecto simbólico relevante para el gobierno: la acción puede fortalecer temporalmente la percepción de control y capacidad estatal.

La experiencia indica que los dos primeros procesos tienden a manifestarse casi de inmediato y se concentran en aquellos territorios donde existe presencia criminal consolidada o formas de cohabitación con actores estatales. No obstante, tampoco puede descartarse la expansión de actos de violencia hacia otras ciudades estratégicas, incluso la capital, como demostración de vigencia y capacidad operativa.

El tercer proceso —la adaptación— es especialmente plausible en el caso del CJNG, dada su estructura jerárquica relativamente rígida y su diversificación de economías ilícitas. No obstante, el resultado dependerá del grado real de cohesión interna y de la capacidad del Estado para impedir una recomposición ordenada del mando.

Aquí radica el punto central: la eliminación de un líder es una acción táctica; el debilitamiento estructural requiere estrategia. Sin presencia policial sostenida, control territorial efectivo, fortalecimiento de capacidades investigativas y combate frontal a la corrupción política e institucional —que ha sido un lubricante esencial para la expansión criminal— el efecto será, en el mejor de los casos, transitorio.

Además, ningún esfuerzo será suficiente si no se intervienen las condiciones sociales que alimentan el reclutamiento criminal. Las economías ilícitas prosperan donde el Estado es débil, ausente o capturado, y donde miles de jóvenes enfrentan precariedad, exclusión y falta de alternativas reales. La política de seguridad no puede limitarse a operativos policiales; requiere una política social coherente y sostenida. Finalmente, existe un elemento estructural que suele omitirse en el debate público: el fentanilo no es solo un problema de oferta. Mientras la demanda en Estados Unidos continúe siendo masiva y altamente rentable, el incentivo económico para producir, traficar y disputar ese mercado persistirá.

La muerte de un líder puede producir una victoria política inmediata, pero no constituye, por sí sola, una política de seguridad. Si el Estado mexicano no logra transformar esta acción en un punto de inflexión institucional —fortaleciendo gobernanza territorial, combatiendo la corrupción y coordinando una agenda binacional más equilibrada— el vacío será rápidamente ocupado.