Los últimos temporales, inundaciones y aluviones vuelven a poner la resiliencia de nuestras ciudades en el centro del debate. Pero sería equivocado concluir que Chile carece de políticas, planes o instituciones. Durante décadas hemos fortalecido la gestión del riesgo, los sistemas de alerta, la planificación territorial y las obras de mitigación. El problema es otro: las amenazas avanzan más rápido que nuestra capacidad para anticiparlas.

Chile ha demostrado que prevenir funciona. Parques inundables, colectores, defensas fluviales y obras aluvionales han evitado pérdidas mayores. También sabemos lo que cuesta no hacerlo. Estimaciones sitúan las pérdidas anuales esperadas solo en infraestructura por desastres en Chile en torno a US$5.400 millones (CDRI-GIRI, citado por UNDRR, 2024). La resiliencia no es solo una política de seguridad: es una política económica y social.

La crisis climática y la expansión de actividades sobre territorios frágiles aumentan la exposición y los costos. Como los recursos públicos siempre serán limitados, la pregunta no es cuánto gastar, sino dónde invertir primero cada peso disponible. Por cada dólar invertido en reducción del riesgo se pueden ahorrar entre cuatro y siete dólares en respuesta y recuperación (UNDRR, 2023). Gastar principalmente después del desastre resulta más caro y desvía recursos que podrían destinarse a vivienda, salud, transporte o educación.

Ahí está nuestra principal debilidad. Las amenazas ocurren en territorios concretos, pero las decisiones se dispersan entre ministerios, gobiernos regionales y municipios con prioridades y capacidades desiguales. Descentralizar acerca las decisiones al territorio, pero una suma de prioridades locales no constituye necesariamente una prioridad nacional y puede favorecer a las comunas con mayor capacidad para formular proyectos.

El desafío es claro: centralizar los criterios y descentralizar la capacidad de actuar.

El Estado central debe fijar criterios comparables para ordenar la inversión: población expuesta, vulnerabilidad social, infraestructura crítica, pérdidas esperadas y costo-efectividad. Su tarea no es sustituir en terreno a las autoridades territoriales, sino definir políticas, estándares y prioridades. Cuando ocupa el espacio de municipios y regiones en vez de fortalecerlos, confunde visibilidad con conducción. Priorizar exige concentrar los recursos donde el costo humano, social y económico de no actuar sea mayor.

Municipios y gobiernos regionales, en cambio, deben contar con capacidades y recursos para transformar esas prioridades en proyectos oportunos. Ellos conocen quebradas, cauces, barrios y puntos críticos que ninguna cartera sectorial puede leer plenamente desde el centro. Descentralizar sin estándares fragmenta; centralizar sin conocimiento territorial equivoca.

El énfasis reciente en anticiparse, coordinar al Estado y llegar a tiempo frente a eventos extremos es correcto. Pero anticipar una emergencia no es lo mismo que reducir estructuralmente el riesgo. No basta con llegar antes que la lluvia: hay que llegar antes que el riesgo se convierta en emergencia.

Chile sabe responder. El siguiente paso es decidir antes. El éxito del Estado no debiera medirse solo por la velocidad con que evacúa, reconstruye o entrega ayudas, sino por algo más exigente: cuántas vidas, viviendas, empleos e infraestructura fue capaz de proteger antes de que ocurriera el desastre.

Por Luis Eduardo Bresciani L., académico Escuela de Arquitectura UC