Las cuentas públicas son una declaración de intenciones y una oportunidad para proyectar el país que se busca construir. En su primer ejercicio, el Presidente José Antonio Kast entregó un diagnóstico políticamente claro pero un destino desconcertante: la tesis de la “triple emergencia” (seguridad, económica y social) se utilizó para justificar medidas de fondo, pero también reveló una peligrosa desconexión entre la retórica de la urgencia y la realidad de la gestión.

La trampa de la emergencia vs. la paciencia

El gobierno enfrenta una trampa retórica de su propia construcción: si todo es una emergencia, no se puede pedir paciencia. El Presidente declaró una “guerra total al crimen organizado”, pero al mismo tiempo proyectó un Plan de Infraestructura Penitenciaria hasta 2030. ¿Cómo se explica a una ciudadanía que vive con miedo que la solución estructural a las cárceles —donde hoy los jefes criminales operan “como si los muros no existieran”— tardará cinco años más en materializarse? La urgencia del discurso choca con la burocracia de los plazos estatales.

Las grandes cifras y la mesa chica

Un punto central del discurso fue el ordenamiento fiscal. Es cierto que un déficit estructural de 3,7% del PIB es un problema serio. Sin embargo, el ordenamiento es un instrumento, no un proyecto de sociedad. Mientras el gobierno celebra que mayo fue el mes con mayor inversión aprobada en 11 años —13.900 millones de dólares—, la realidad en la mesa de los chilenos es distinta.

El propio Presidente admitió que el desempleo lleva 40 meses sobre el 8% y que el desempleo femenino joven supera el 25%. Ante esta “angustia de noches sin dormir”, la respuesta del Estado es un bono de $30.000 por niño. Esta brecha entre las grandes cifras de inversión y el alivio marginal a las familias refuerza la idea de que el crecimiento, aunque necesario, es insuficiente para sanar una desigualdad estructural que el “chorreo” no logra resolver.

Gestión como síntoma: el caso de la Salud

La lógica del Plan Oncológico es valorable por su método de metas y seguimiento. Pero aquí reside otro límite: el Presidente celebró haber contactado al 99% de los pacientes en lista de espera, pero eso no es lo mismo que tratarlos. Con 3 millones de prestaciones pendientes en el sistema, la eficacia que el gobierno busca imprimir se topa con su propia gestión del aparato público. El discurso critica la burocracia, pero al asumir encontró 184 vacantes en cargos críticos de salud que debían ser provistos por Alta Dirección Pública. Reducir el Estado o fusionar ministerios no garantiza soluciones si la capacidad de ejecución básica está descabezada.

¿Orden para la libertad o control social?

Finalmente, el Presidente afirmó que “sin orden, no hay libertad”. Bajo esta premisa, presentó el Registro de Vándalos e Incivilidades, que castiga conductas —incluso no constitutivas de delito— con la pérdida de beneficios como la gratuidad en educación o la Pensión Garantizada Universal. Aquí la brújula parece girar hacia el control social: ¿es persuasivo proteger la libertad quitando derechos sociales básicos a quienes ya viven en la “emergencia” que el gobierno describe? En un contexto donde la violencia ganó terreno en las escuelas, la respuesta privilegia la sanción por sobre la prevención.

El gobierno de Kast tiene un olfato fino para el hartazgo ciudadano frente a la inseguridad y la ineficiencia. Pero el ordenamiento fiscal y el copamiento policial son solo puntos de partida.

La pregunta que esta cuenta pública dejó flotando en el Salón de Honor es la más punzante de todas: ¿Para construir qué? Sin un proyecto de sociedad que vaya más allá de administrar la crisis, Chile corre el riesgo de quedar atrapado en una emergencia perpetua, ordenando las cuentas de una casa que sigue sintiéndose vacía.

Por Nerea C. Palma, Departamento de Política y Gobierno UAH