Chile exportó US$3.218 millones en litio en el primer semestre de 2026, casi triplicando los retornos del año anterior y superando en solo seis meses el total exportado durante todo 2025. Una cifra extraordinaria. Sin embargo, cada dólar de esas exportaciones proviene exclusivamente del Salar de Atacama, donde dos compañías privadas, operando mediante concesiones mineras arrendadas por Corfo y no bajo el régimen de CEOL (Contratos Especiales de Operación de Litio), sostienen la totalidad de la producción chilena de litio. Ni una tonelada ha sido producida bajo la Estrategia Nacional del Litio.

Mientras tanto, en el país vecino, Rio Tinto ya desembolsó US$2.500 millones en su proyecto Rincón en Salta, la construcción comenzó en 2025 y la primera producción se proyecta para 2028. En Chile, la misma compañía fue seleccionada como socio estratégico del proyecto Salares Altoandinos con Enami, pero el panorama es diametralmente diferente, ya que el CEOL contempla plazos de hasta 12 años para exploración y otros siete adicionales para construcción. A la fecha, no se ha desplegado capital alguno y la primera producción no se espera antes de 2032. Argentina hoy construye, produce y exporta; Chile firma contratos y espera.

El problema no es solo de plazos: es estructural. El sistema de CEOL es institucionalmente débil, desde una perspectiva formal la contraloría ya lo ha declarado, pero también es frágil en el fondo, pues el sistema no establece cómo debe resolverse la superposición entre el régimen de CEOL y el sistema de concesiones mineras.

Esta precariedad del sistema ya ha generado un costo reputacional concreto; actores líderes de China, Corea y Japón que evaluaban invertir en Chile han desplazado su interés hacia Argentina, donde perciben mayor certeza. Mientras Chile sigue dependiendo de dos productores, Argentina ha atraído a Ganfeng, Lithium Argentina, Zijin, Eramet y Posco.

Los hechos son claros: ninguna nueva planta de litio ha entrado en producción en Chile, lo cual demuestra que la Estrategia, instrumento diseñado para expandir la industria, no ha sido eficiente.

El momento de actuar es ahora; según Cochilco, el precio del carbonato de litio alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2023. Cada tonelada que Chile deja de producir es ingreso fiscal que no llega a las arcas del Estado, recursos que el país necesita para financiar las políticas públicas que los chilenos anhelan.

Requerimos urgentemente una gobernanza del litio responsable y competitiva. Los países líderes en minerales críticos cuentan con organismos técnicos especializados, comités autónomos, no politizados, que aceleran procesos y generan sinergias empresariales.

Chile debe enviar señales concretas al mercado: integrar explícitamente las concesiones mineras en el proceso de adjudicación de CEOL, asegurando el alineamiento de derechos preexistentes y eliminando toda superposición normativa que genere incertidumbre. Asimismo, los CEOL deben adjudicarse exclusivamente a operadores que acrediten experiencia demostrada o que asuman compromisos de inversión vinculantes, sujetos a plazos perentorios cuyo incumplimiento active la caducidad del contrato. Un CEOL sin capital desplegado no es un instrumento de desarrollo, es letra muerta.

Chile tiene todo para consolidar su liderazgo global en litio: los recursos, la infraestructura y el capital humano. Pero materializar ese potencial exige alinear urgentemente el diseño de política pública con la realidad operacional, comercial y constitucional del sector. El sistema actual no está funcionando y las cifras lo confirman. El país necesita una arquitectura institucional a la altura de su potencial, con conducción técnica, visión estratégica y capacidad de ejecución. Cada año de demora es un año que nuestros competidores aprovechan para consolidar posiciones que después será muy difícil recuperar. Este es un desafío país.

*La autora de la columna es abogada y directora de empresas.