La anunciada rebaja de tarifas de Autopista Central plantea una pregunta y abre una oportunidad para abordar una tarea pendiente en Santiago: mejorar la experiencia de los usuarios mediante una gestión más reconocible.

¿Qué criterio se utilizó para definir esa rebaja? Aliviar el bolsillo de las familias es una motivación atendible. Pero que una modificación sea contractualmente viable no basta para convertirla en una buena política pública. Sin un criterio claro, este descuento puede sentar un precedente para futuras rebajas que respondan a presiones políticas y electorales, perdiendo de vista el funcionamiento integral y la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo, el actual escenario también abre una oportunidad. Santiago necesita una gobernanza propia para sus autopistas, que vele por la integración de los pagos, la atención al usuario y coordine con las policías el combate a la evasión. La Dirección General de Concesiones ha sido fundamental para desarrollar esta infraestructura y debe mantener su responsabilidad de impulsar proyectos y administrar los contratos. Es necesario complementar esa labor con una gestión de la red metropolitana centrada en sus usuarios. En Santiago, la concentración de viajes y su relación con el transporte público exigen una respuesta específica.

Red Movilidad es una buena referencia: aunque los buses son operados por empresas privadas, se reconoce como una red, con un pago integrado y una autoridad responsable. Según Cadem actualmente ocupa el segundo lugar, detrás de Metro, entre las instituciones e industrias mejor evaluadas por la ciudadanía. Las autopistas, en cambio, figuran entre las peor evaluadas. La excesiva fragmentación impide que se presenten y respondan ante la ciudadanía como un solo sistema

El usuario identifica a quien le cobra, pero difícilmente a quien responde por el conjunto. Una gobernanza ayudaría a que los beneficios del sistema sean mejor conocidos y sus estándares, exigibles.

Esto permitiría avanzar más rápido hacia un cobro integrado de peajes. Quien utiliza varias autopistas debería poder consultar, pagar y reclamar mediante un mecanismo simple. Si bien esto ya está establecido por la ley de Pago Único desde 2023, su implementación requiere resolver importantes dificultades tecnológicas y contractuales.

Una segunda medida indispensable sería enfrentar el no pago como un problema público. La deuda acumulada solo en Santiago se aproxima a los mil millones de pesos. El tránsito irregular supera el 10% para el caso de automóviles y llega, en algunos sectores, hasta el 20% en camiones. Entre las principales faltas están circular sin TAG habilitado y ocultar o adulterar patentes. Sin la debida atención, el incumplimiento seguirá consolidándose, lo que puede traducirse en el futuro en mayores tarifas, contratos con plazos más largos y menos inversiones.

Para quienes cumplen, ver que otros eluden el cobro sin consecuencias es una señal de injusticia. Facilitar el pago de las deudas, como contempla la nueva ley, debe ir acompañado de una mayor fiscalización contra la evasión deliberada, coordinando a concesionarias y policías maximizando la tecnología que ya tenemos disponible.

Al pagar, contribuimos a sostener un sistema que nos permite ahorrar tiempo, viajar con mayor seguridad y con menos impacto en la ciudad. El Estado debe responder por esos beneficios y por el cumplimiento de las obligaciones. Por eso, Santiago necesita una autoridad que cuide la red y también a sus usuarios.

Por Juan Carlos García, exministro de Obras Públicas.