Las pérdidas del Fondo E de las AFP han suscitado inquietud. Entre enero y septiembre acumuló una caída real cercana al 10,4%, perjudicando a quienes están próximos a jubilar. Perder dinero en los mercados no equivale, por sí sólo, a administrar mal. Toda inversión implica riesgos; el punto clave en este caso es cuáles se asumieron, por qué y bajo qué resguardos.

Parte del deterioro está vinculado a derivados de tasas de interés que aumentaron la sensibilidad de las carteras ante movimientos adversos. No se trató, pues, de oscilaciones inevitables del mercado. Hubo decisiones de inversión que corresponde examinar; que una operación sea legal en una industria no basta para establecer que ésta haya sido prudente.

Las AFP administran ahorros ajenos, obligatorios y destinados a financiar pensiones. Esa condición impone deberes exigentes de diligencia, lealtad y cuidado. Su cometido último consiste en procurar resultados adecuados al horizonte temporal y al perfil de riesgo de los afiliados. Más aún, tratándose del fondo más conservador.

Surgen, entonces, preguntas ineludibles. ¿Se evaluaron acabadamente los escenarios desfavorables? ¿Los directorios comprendieron y supervisaron la exposición generada por los derivados? ¿Pesaron más las expectativas de rentabilidad o la protección de quienes necesitarían pronto sus ahorros? ¿Influyeron incentivos internos asociados a resultados de corto plazo?

Aparejado, hay un problema regulatorio. Las reglas de rentabilidad relativa parecen estimular que las administradoras imiten las estrategias de sus competidoras, en vez de adoptar acciones divergentes. Asimismo, si los límites de inversión establecidos no capturan íntegramente el riesgo de ciertos instrumentos, dejan abiertos espacios de maniobra que, en cualquier caso, una gestión responsable no debería necesariamente aprovechar, menos sin la cautela debida. Las advertencias de las autoridades, como la posterior corrección normativa, demandan también considerar el impacto que, en los hechos, tuvo la inefectividad de la supervisión regulatoria.

Con todo, las insuficiencias mencionadas no eximen a las AFP de sus obligaciones. El ejercicio de la ética empresarial no es reductible al argumento de si ciertas conductas estaban, o no, prohibidas. Quien gestiona recursos confiados por terceros debe, ineludiblemente, preguntarse sobe el daño que les podría ocasionar. Más todavía, si esas personas no podrán recuperar las pérdidas.

Es indispensable esclarecer los hechos, revisar los controles y explicar verazmente lo ocurrido. Si hubo decisiones imprudentes, deberán hacerse valer las responsabilidades correspondientes. Y si las normas indujeron riesgos indebidos, habrá que corregirlas.

La confianza en el sistema previsional -y su legitimidad- se sostiene en la capacidad para obtener rentabilidades de largo plazo, al tiempo que en la convicción de que quienes administran los ahorros de toda una vida actúan conforme al compromiso que asumieron.

Por Álvaro Pezoa, Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes