Con nuevas atribuciones para la Policía de Investigaciones (PDI), plazos más acotados para reclamar y mayores restricciones para volver a Chile, el proyecto que busca agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación migratoria irregular enfrenta su última etapa de tramitación en el Congreso.

La tarde de este lunes, por 128 votos a favor y 11 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados visó el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias entre ambas corporaciones, requiriendo 78 votos para su aprobación.

El proyecto, ingresado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y reformulado mediante indicaciones de la administración de José Antonio Kast, busca facilitar la ejecución de las órdenes de expulsión que ya se encuentran firmes. Su aprobación permitiría al Ejecutivo sumar otra iniciativa a la agenda legislativa de seguridad que ha impulsado desde el inicio de su mandato.

Uno de los puntos centrales del texto aborda una de las dificultades para concretar estas medidas, que es la localización y detención de las personas sujetas a expulsión.

La iniciativa faculta a la PDI para solicitar al juez de garantía autorización para ingresar al domicilio donde se encuentre un extranjero con una orden firme, con el propósito de detenerlo y ejecutar la resolución.

El mecanismo acordado por la comisión mixta modifica la fórmula contemplada en la versión original, que entregaba al subsecretario del Interior la autorización para entrar al inmueble y dejaba la revisión judicial para una etapa posterior. La nueva redacción exige autorización judicial previa y establece que el magistrado deberá resolver la solicitud en un plazo de 24 horas.

El proyecto también apunta a facilitar la ubicación de quienes deben ser notificados en procedimientos migratorios. Para ello, el Servicio Nacional de Migraciones podrá requerir a personas naturales, empresas y funcionarios públicos datos como el nombre completo, domicilio y correo electrónico de extranjeros en situación irregular.

La facultad tendrá límites expresos, tales como que no podrá utilizarse respecto de menores de edad ni para obtener información desde establecimientos de salud o recintos educacionales.

A esas herramientas se suma la obligatoriedad del registro biométrico para infractores mayores de edad. El proyecto incorpora, además, notificaciones electrónicas y tácitas, junto con la posibilidad de retener documentos de viaje.

Otro cambio relevante recae en los plazos para impugnar una expulsión. El período para presentar una reclamación se reducirá de diez a cinco días y el recurso dejará de suspender automáticamente la ejecución de la medida por el solo hecho de haber sido interpuesto. Así, la presentación de una acción judicial no bastará, por sí misma, para paralizar el procedimiento.

El texto amplía, asimismo, las causales que permiten disponer una expulsión administrativa al incorporar las graves afectaciones al orden público.

En paralelo, eleva de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso a Chile y establece que las órdenes se mantendrán vigentes hasta que sean ejecutadas.

La discusión se desarrolla después de que la Cámara rechazara por un voto, el pasado 22 de septiembre, una reforma constitucional destinada a ampliar el plazo de detención para concretar expulsiones administrativas. Esa iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, por debajo de los 89 respaldos que requería el quórum de cuatro séptimos.

El rechazo adquirió mayor repercusión pública tras el homicidio del cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández de Carabineros en Lo Espejo, atribuido a un ciudadano extranjero en situación migratoria irregular, un caso que reactivó el debate sobre las herramientas disponibles para ejecutar las medidas de expulsión.

Tras la votación de la Cámara, el informe de la comisión mixta deberá ahora ser revisado por el Senado, que tiene previsto pronunciarse este martes. Si ambas corporaciones lo aprueban, la iniciativa quedará en condiciones de completar su tramitación legislativa y sumarse a otras normas de seguridad despachadas por el Congreso, como la ampliación de la flagrancia para diligencias policiales y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Debate parlamentario

Durante la discusión, el diputado Javier Olivares (PDG) centró sus argumentos en la cantidad de medidas que aún no se han ejecutado y en los tiempos que demora el procedimiento.

“Chile hoy tiene más de 30.000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución (...) La burocracia que tarda años en cumplir una orden de expulsión no puede seguir creciendo”, dijo, tras cuestionar que las demoras administrativas permitan que personas sujetas a esas resoluciones permanezcan en el país.

“Chile no puede seguir siendo un país atractivo para la inmigración ilegal porque esa puerta abierta ha traído más criminalidad a nuestras calles”, afirmó.

Desde la UDI, el diputado Ricardo Neumann también puso el foco en la necesidad de hacer efectivas las resoluciones administrativas.

“Una orden de expulsión que no se cumple, que no se ejecuta es una invitación a entrar a Chile por la ventana”, expresó. A su juicio, una política migratoria debe contemplar tanto el control fronterizo como la aplicación de las medidas dispuestas dentro del territorio nacional.

Neumann destacó además una de las disposiciones de la reforma, en torno a que quienes reingresen irregularmente al país pese a tener una prohibición de ingreso y una orden de expulsión vigente podrán ser expulsados sin que sea necesario iniciar nuevamente todo el procedimiento burocrático.

Desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva respaldó las nuevas facultades para la PDI, pero relevó la necesidad de que su aplicación permanezca bajo control judicial.

“Entregar este tipo de herramientas e instrumentos con un adecuado control jurisdiccional es lo que permite contrapesar debidamente el rol que juega el Estado frente a la expulsión y el debido resguardo de los derechos fundamentales de las personas”, sostuvo.

De igual modo, anticipó que la iniciativa contaría con un respaldo transversal en la sala. “Todos queremos que efectivamente se cumplan las resoluciones e instrucciones de expulsión, pero cautelando debidamente los derechos fundamentales de todas las personas”, agregó.

La diputada Andrea Parra (PPD) también valoró el resultado del trabajo legislativo entre ambas cámaras y calificó favorablemente el texto acordado.

“Este tipo de proyectos va en el sentido correcto, nos parece que está redondito, que el proyecto se mejoró sustancialmente en las conversaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado”, comentó.

Sin embargo, Parra llamó a distinguir esta propuesta de otras iniciativas migratorias que, a su juicio, requieren mayor análisis, particularmente aquellas que consideran la creación de centros de detención.

“En un centro de detención los migrantes, delincuentes o no, en su mayoría, pueden también sufrir vejaciones si el Estado no garantiza un adecuado resguardo”, zanjó.