El gobierno presentó este lunes un proyecto de ley que modifica las atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuya principal medida consiste en eliminar la facultad del organismo para interponer querellas criminales, aunque mantendrá la posibilidad de presentar denuncias en materia penal.

Así lo informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien desde el Congreso Nacional explicó que la iniciativa busca redefinir las funciones del INDH y concentrar su labor en un rol consultivo en materia de derechos humanos.

“Ello implica en este proyecto de ley eliminar la facultad que tenía de presentar querellas criminales, más no la de efectuar denuncias en materia penal. Creemos que con eso se va a retomar lo que ha sido la intención del Ejecutivo desde un comienzo”, sostuvo.

El secretario de Estado argumentó que la persecución penal corresponde al Ministerio Público y que, por lo tanto, no resulta necesario que el INDH mantenga atribuciones para ejercer acciones de ese tipo.

“Hoy la Constitución Política reserva al Ministerio Público el ejercicio de las acciones penales y por tanto no tiene sentido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tenga esa facultad”, afirmó.

La propuesta también contempla una reducción de 11 a cinco integrantes del Consejo del INDH, cuyos miembros ejercerían sus funciones por períodos de cuatro años, con la posibilidad de ser designados nuevamente por una sola vez.

Asimismo, el proyecto plantea modificar el sistema de nombramientos de los consejeros, combinando la participación de los poderes públicos y de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer el pluralismo y la representatividad del organismo.

A estos cambios se suma una reorganización de su estructura interna, destinada a diferenciar las atribuciones del consejo de aquellas correspondientes al director ejecutivo.

Según Rabat, estas modificaciones buscan “lograr una mayor eficiencia en el uso de las atribuciones, recursos y para lograr de mejor manera el rol consultivo que le estamos asignando”.

Gobierno descarta dificultades con la oposición

Consultado sobre las eventuales repercusiones políticas de la iniciativa, particularmente en medio de la discusión presupuestaria y la tramitación de proyectos de seguridad, Rabat descartó que la propuesta pueda tensionar las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición.

“No debiera complejizar absolutamente nada, porque este es un proyecto de ley que en su base fundamental se encuentra en un informe transversal que surgió al alero de la Ley de Presupuestos del año 2025”, señaló.

El ministro insistió en que la propuesta recoge las principales recomendaciones de ese informe y adelantó que el proyecto comenzará a discutirse en comisión este miércoles.

Frente a las consultas sobre el papel que ha desempeñado el INDH al presentar querellas contra funcionarios policiales por hechos ocurridos durante el estallido social, Rabat evitó vincular directamente la modificación con esos casos.

“Tiene que ver con el hecho que para el Ejecutivo es fundamental que el Instituto tenga un rol de carácter consultivo y no ejecutor. Ese es todo el objetivo que estamos persiguiendo”, respondió.