"La información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población", señaló el organismo en un comunicado.

"Son responsables por haber omitido acciones concretas destinadas a poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la crisis social iniciada en octubre de 2019″, afirmó el organismo en un comunicado.

El organismo liderado por Sergio Micco, en un reciente documento en que se analiza a la institución policial, sostiene que les es imposible determinar si sus actuaciones se ajustan a estándares de DD.HH. y que eso -en parte- sucede porque no les entregan todos los antecedentes que ellos requieren para la confección de informes que deben realizar por ley.

El organismo señaló que el municipio les hizo ver que "no podía garantizar la seguridad" de Sergio Micco en el evento. La entidad emitió un comunicado advirtiendo que "comienza a primar una cultura de la cancelación por motivos ideológicos”. El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, cuestionó el comunicado del INDH, y aseguró que Micco "ha buscado una exposición a través de la victimización".

Luego de casi 9 meses, funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) retornaron al edificio. Una de las primeras medidas fue bajar los lienzos que hacían referencia a la toma y reemplazarlos por uno que dice "El INDH es de todas y todos los chilenos". La sede fue sanitizada y un notario verificó las condiciones en que secundarios entregaron el recinto.

La organización estudiantil comunicó su decisión a través de una declaración, donde se comprometió a hacer entrega de las dependencias ocupadas a los trabajadores del organismo, luego de llegar a una acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El director del INDH se refirió también a la suma urgencia que puso el gobierno al proyecto de indulto, indicando que como instituto están abogando “por un refuerzo democrático, en verdad y en justicia”. "Hay que reparar también a quienes fueron víctimas de destrozos, saqueos (...) yo veo que se están sentando las bases para un acuerdo democrático que pasa por la verdad, no por el olvido, por la verdad y ciertamente por la justicia y reparación”.

Una de las asociaciones de funcionarios del organismo asumió la tarea de ser puente entre los secundarios y el Ejecutivo. Las gestiones cayeron en manos de la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter. La vocera de la Aces, Antonia Rolland, confirma que están a la espera de que La Moneda se pronuncie y solo en caso de que entreguen garantía de trabajar las demandas de su petitorio, someterán a votación de la asamblea la posibilidad de deponer la ocupación del inmueble. Con esto, la eventualidad de un desalojo por la fuerza se diluye.

“Desde el primer día de la toma optamos por la vía del diálogo para destrabar esta situación. Sin embargo, los innumerables esfuerzos no tuvieron una respuesta positiva por parte de los ocupantes”, señaló el director del organismo tras realizar la solicitud. La delegada Constanza Martínez (CS) debería concretarlo antes del 5 de abril, fecha tope que estableció la Contraloría.

Durante esta tarde se filtró un oficio donde Sergio Micco solicitaba el "auxilio de la fuerza pública" para recuperar los inmuebles que se encuentran tomados hace más de ocho meses. Desde el organismo aseguraron que el documento "fue despachado sin que existiera la instrucción de realizarlo" y se solicitó dejarlo sin efecto.

El director del organismo le exigió la semana pasada a los ocupantes que debían abandonar el edificio antes de las 15.00 de este lunes 7 de marzo. Pese a la petición, los jóvenes decidieron que no levantarán la toma y están preparados para que llegue Carabineros en cualquier momento. El jefe de la institución se resiste a pedir el desalojo y, pese a los fracasos previos, volverá a insistir ante el consejo por la opción del diálogo. Esto ya lo hizo hace una semana y no logró tener el apoyo del resto de los integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En una reunión extraordinaria entre los representantes del organismo se debatió respecto de cómo cumplir el dictamen de Contraloría que ordenó, en un plazo de 30 días, "adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan" para recuperar el control del edificio que está ocupado ilegalmente hace ocho meses. En la cita hubo consejeros que apuntaron al director como el principal responsable de no concretar una petición a la policía que termine con la toma.

El ente fiscalizador emitió un dictamen en que obliga a los representantes del organismo vinculado a la defensa de los Derechos Humanos a tomar las medidas necesarias para poner fin a la ocupación ilegal del edificio. "Las autoridades del INDH se encuentran en el imperativo de adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para restablecer la utilización del referido inmueble", se lee en el documento. Consejeros de la instancia comentan que la única opción para el presidente de la entidad, Sergio Micco, es pedir una orden de desalojo, ya que la vía del diálogo fracasó.

Una asignación mensual de $217 mil recibirán casi medio centenar de ciudadanos que se vieron afectados por acciones de agentes del Estado en el marco de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019. Entre los beneficiarios están parientes de quienes perdieron la vida, víctimas de trauma ocular, violencia sexual y apremios. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, destacó este gesto, mientras que el director del INDH, Sergio Micco, sostuvo que "nos parece una respuesta totalmente insuficiente”.

El quinto estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile da cuenta de las rutinas alimenticias, los problemas de habitabilidad e higiene en 44 centros penales del país. En al menos 11 establecimientos penales no hay una cama para todos los reclusos que cumplen privación de libertad.