El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respondió este martes a los cuestionamientos formulados por la bancada de diputados de la UDI respecto del contrato por $250 millones suscrito con la productora Ditecsur, luego de que los parlamentarios utilizaran ese convenio como uno de los principales argumentos para impulsar una nueva ofensiva contra el presupuesto del organismo.

La arremetida del gremialismo ocurre en la antesala de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 y luego de que el gobierno cerrara la puerta a la propuesta impulsada por sectores de la derecha -entre ellos el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario- de eliminar el INDH. En cambio, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que el Ejecutivo está por impulsar una reforma profunda a las atribuciones y la composición del organismo, pero no por su desaparición.

Ante ese escenario, la UDI endureció su postura y anunció que insistirá en reducir o eliminar los recursos del instituto, al que acusa de tener un sesgo político.

Como parte de esa estrategia, los diputados cuestionaron el contrato firmado con Ditecsur por $250 millones -vigente durante 2026- para la organización de eventos institucionales. Según la orden de compra, el convenio contempla la producción de actividades como la ceremonia de entrega del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos, además de otros eventos oficiales.

Actualmente, el organismo cuenta con un presupuesto de $16.339 millones para este año. En ese marco, los diputados de la UDI también cuestionaron los viajes realizados por la exdirectora Consuelo Contreras a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra. Según los antecedentes expuestos por los parlamentarios, un viaje efectuado en marzo de 2023 tuvo un costo de $8.183.208, mientras que una segunda misión, realizada en marzo de 2025, significó un desembolso de $4.440.910.

La respuesta del INDH

Frente a esos cuestionamientos, el INDH defendió la ejecución de su presupuesto y aseguró que su actuar se ajusta a la normativa vigente.

“El INDH, como cualquier organismo público, está sometido a controles y rinde cuentas a los órganos que corresponde como Dipres y Contraloría. La ejecución de su presupuesto se desarrolla con estricto apego a las normas que rigen para todos los órganos que dependen del Estado”, señaló la institución.

Respecto del contrato con Ditecsur, el organismo sostuvo que el convenio no está destinado a una sola actividad, sino que permite ejecutar “todas las actividades públicas del Instituto y de promoción de derechos humanos a lo largo del país. En ese contrato se incluye actividades como la Cuenta Pública, la entrega del Informe Anual sobre la Situación de DD.HH. mandatado por ley, el Día de los Patrimonios, la ceremonia del Premio Nacional de Derechos Humanos, entre otras”, indicó.

Asimismo, enfatizó que el proceso de contratación se ajustó a las normas que rigen para los organismos públicos.

“Ese contrato fue adjudicado por la productora en el marco de una licitación pública, como corresponde a las instituciones del Estado, con total transparencia”, concluyó.