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El presidente del Senado repasa cómo fueron las tratativas que le permitieron llegar a una declaración consensuada con todas las fuerzas políticas de la corporación. Afirma que al Ejecutivo le falta ese “tono” para poder llegar a acuerdos en adelante.

Ante el riesgo de que la derecha rechace de cuajo los principales artículos de la propuesta del Ejecutivo, los parlamentarios oficialistas -con la venía del ministro Álvaro Elizalde (PS)- han realizado maniobras reglamentarias para suspender sesiones, ganar tiempo y tratar de dar vuelta algunos votos frente a una iniciativa emblemática de la agenda de seguridad.

La cita de desagravio para el exministro Segpres y de Desarrollo Social fue encabezada por el Presidente Boric e incluyó la presencia de ministros, parlamentarios y autoridades del oficialismo.

El presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, fue el encargado de leer este martes un discurso que fue conversado con todas las fuerzas políticas. “Nunca podemos tratarnos como enemigos, nunca la violencia es alternativa a la solución racional de los desacuerdos, nunca la dignidad del ser humano puede subordinarse a ningún objetivo político”, decía parte del escrito.

El momento clave de la sesión de esta tarde será la intervención del presidente del Senado. El contenido de su discurso será resultado de un proceso de conversaciones que involucró a todas las fuerzas políticas. Los senadores del PS y del PPD le habían pedido recoger cuatro principios: valorar la democracia, respetar los DD.HH., condenar la violencia política y apoyar las gestiones para terminar con el silencio en casos de detenidos desaparecidos.

El encargado de redactar el documento fue el exsubsecretario y comisionado del órgano redactor Máximo Pavez, quien le entregó el domingo el texto a la directiva. En el partido se generó un debate interno respecto a si darlo o no conocer.

“Aquí hubo una interpretación excesiva del presidente de la Cámara, que consideró que si uno recordaba hechos históricos se estaba saliendo fuera de lo que es un homenaje”, dijo el parlamentario, a quien se le aplicó el artículo 91 del reglamento, que priva del uso de la palabra al diputado sancionado mientras dure la sesión.

El senador y presidente de la UDI planteó cuestionamientos con algunas materias que se visaron en comisiones del órgano redactor, entre ellas, las indicaciones relativas a las contribuciones. También expresó sus dudas respecto al tema previsional: "La pregunta es si tenemos que dejar las AFP en la Constitución”.

La expresidenta de la UDI valora la declaración de Chile Vamos por el 11 de septiembre y dice que el sector se verá beneficiado por demostrar coherencia en torno a lo que piensa del tema. Afirma que se debe seguir en la línea de hablar del un quiebre institucional.

El partido que lidera Javier Macaya busca que republicanos desista de algunas de sus principales enmiendas hechas al borrador elaborado por los expertos. Al mismo tiempo, concientizar a los círculos de influencia y a las fuerzas que apoyaron el Rechazo sobre el riesgo que implica seguir con la misma Carta Fundamental.

El senador y presidente de la UDI rechazó la invitación del Presidente a asistir a la ceremonia que se hará en Palacio para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. "El clima de división en que nos encontramos me hace evitar cualquier evento o acción que pueda exacerbar las divisiones", justificó.

El jefe de bancada de los diputados UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo “estamos explorando (...) que se separe efectivamente la industria, pero que en el manejo de las cuentas haya un mercado competitivo, igual que en el mercado de gestión de fondos", y no una entidad única, pública o privada.

La posibilidad de que los cincuenta miembros de la Cámara Alta hagan una carta colectiva seguía en pie, pero hasta ayer aún no había acuerdo en todos los detalles. Los senadores del PS y del PPD le habían presentado al presidente de la corporación, Juan Antonio Coloma, una propuesta de cuatro principios: valorar la democracia, respetar los DD.HH., condenar la violencia política y apoyar las gestiones para terminar con el silencio en casos de detenidos desaparecidos.

Si bien a nivel de economistas existe un consenso mayoritario de que no sería una buena idea que se avance con esta propuesta, a nivel político el camino se comienza a pavimentar para que en cualquier momento se inicie un debate sobre el pago de este tributo, que hoy sólo afecta al 23% de las viviendas.