Las bancadas de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y del Partido Nacional Libertario (PNL) enviaron una carta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en la que solicitan al gobierno impulsar un proyecto de ley para eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La misiva está suscrita por la jefa y subjefe de la UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, respectivamente, y el subjefe del PNL, Hans Marowski, más su par Pier Karlezi.

En el texto, los firmantes aluden a lo que consideran “el progresivo deterioro de su legitimidad institucional y la evidente pérdida de imparcialidad y objetividad, como consecuencia de un sostenido proceso de captura y cooptación ideológica por parte de un determinado sector político del país”.

Asimismo, plantean que una modificación como la que anunció el gobierno para los próximos meses, dados los antecedentes conocidos recientemente, “sumados a la actuación que el organismo ha exhibido últimamente, nos han llevado al convencimiento de que una mera modernización institucional resultaría insuficiente para subsanar las graves falencias que hoy afectan su funcionamiento”.

Los diputados gremialistas y libertarios apuntan en el escrito directamente al Partido Comunista, como responsable del presente de la institución.

“(El INDH) se ha convertido en un organismo capturado por los intereses ideológicos de un sector político en particular, vinculado al Partido Comunista, que ha desvirtuado su mandato técnico y ha transformado su institucionalidad en una plataforma funcional a sus intereses”, remarcan.

Entre los antecedentes que señalan en la carta, está el informe que el INDH remitió a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, en el marco de la tramitación del proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.

El organismo sostuvo que las sanciones aplicables a quienes realicen rayados en bienes públicos o privados podrían constituir una “criminalización de la expresión artística”. Y que restringir el acceso a determinados beneficios sociales a menores de edad, como consecuencia de su participación directa en alguno de los delitos o incivilidades que estarán contemplados en un catálogo, resultaría “contradictorio con el principio del interés superior del niño”.

“El instituto no sólo evidencia una clara desconexión respecto de las preocupaciones ciudadanas, sino que -más grave aún- termina legitimando, al menos discursivamente, a quienes cometen dichas acciones, instalando la sensación de que sus conductas podrían contar con el respaldo político y jurídico del INDH”, reclaman los parlamentarios.

En la carta también apuntan a la actuación del organismo en el estallido social del 2019, acusan que actualmente además “ha concentrado parte importante de sus esfuerzos en cuestionar leyes destinadas a fortalecer la protección de nuestras policías, como la denominada Ley Nain-Retamal“ y que no ha mostrado el mismo compromiso con ”víctimas del terrorismo en la Macrozona Sur y las miles de familias de nuestro país que viven sometidas al narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado".

“Ya no basta con impulsar una reestructuración profunda del instituto ni modificar únicamente su actual sistema de gobernanza, sino que se requiere avanzar en su eliminación, abriendo un período de reflexión que permita a la ciudadanía evaluar si, a futuro, es indispensable contar con un organismo autónomo de tal naturaleza”, expresan.