Responsabilidad administrativa por acoso laboral y vulneración grave al principio de probidad. Esa fue la conclusión a la que llegó la Contraloría General de la República respecto de un sumario contra la concejala de Nuñoa, Daniela Bonvallet (IND.) tras denuncia de una exasesora.

En la resolución final, el organismo ficalizador encabezado por Dorothy Pérez aprobó el sumario y la vista fiscal, señalando expresamente que quedó “acreditada la responsabilidad que le asiste a doña Daniela Silvana Bonvallet Setti” respecto de los hechos investigados.

De esta manera, la Contraloría ordenó remitir todos los antecedentes al Concejo Municipal de Ñuñoa, para que dicho órgano evalúe la eventual configuración de una causal de cesación en el cargo contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

A su vez, la Contraloría dispuso también remitir el expediente al Ministerio Público, al estimar que durante la investigación surgieron antecedentes sobre una eventual existencia de hechos que revisten caracteres de delito, los que ahora deberán ser evaluados por la Fiscalía.

El sumario se originó tras la denuncia presentada por la exasistente de Bonvallet, Jimena Covarrubias, quien acusó reiterados episodios de maltrato laboral y presiones económicas mientras trabajó como asesora de la concejala. Entre los antecedentes incorporados figuraban audios, conversaciones, transferencias bancarias y otros documentos aportados por la denunciante.

Durante la investigación administrativa también se examinó la denuncia respecto de presuntas solicitudes de dinero realizadas por la concejala a su colaboradora y otros antecedentes que, según la resolución que dio origen al sumario, podían constituir una eventual infracción grave al principio de probidad administrativa.

De esta manera, con la resolución de Contraloría, el proceso administrativo queda concluido y ahora corresponderá al Concejo Municipal de Ñuñoa conocer los antecedentes remitidos por el órgano contralor y adoptar las decisiones que contempla la legislación respecto de una eventual inhabilidad o cesación del cargo de la concejala.

En paralelo, será el Ministerio Público el encargado de determinar si los hechos descritos en el expediente configuran delitos y si corresponde iniciar o profundizar una investigación penal.