Hace exactamente una semana fue la reaparición del exdiputado Joaquín Lavín León, quien por segunda vez enfrentó una formalización por delitos ligados a una causa que lidera la fiscal Oriente Constanza Encina.

A los cargos que previamente se le había comunicado como autor de fraude al Fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, la persecutora le sumó imputaciones por uso malicioso de datos electorales.

En esta hebra del caso, el Ministerio Público indaga al exmilitante UDI junto al informático Felipe Vásquez por crear y utilizar la plataforma “SocialTazk” para manejar bases de datos de candidatos con la finalidad de enviar mensajes de texto sobre campañas electorales. Todo, según la Fiscalía, pagado con fondos del Congreso y haciendo un mal uso del padrón electoral.

Así, en la mencionada audiencia, celebrada el 8 de julio ante el Séptimo Juzgado de Garantía, también se formalizó a otros imputados, entre ellos a Shigue Ogino, quien se desempeñó en su momento en la oficina territorial del excongresista y que posterior a la imputación quedó con arresto domiciliario total.

Dos días antes de la comparecencia, eso sí, Ogino decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y declaró ante la fiscal Encina, revelando cómo era la fórmula de trabajo en la oficina del exparlamentario y los mecanismos que utilizaban para ponerse en contacto con candidatos de la UDI y así obtener sus bases de datos.

Asistido por su abogado, el imputado dio cuenta de que llegó a trabajar con el entonces diputado cuando aún no se titulaba, y en un momento en que estaba apremiado económicamente. Fue, según dijo, a través de un amigo Sergio Matamala que se presentó ante Arnaldo Dominguez, quien ejercía como estrecho asesor de Lavín.

“Me dio el contacto de Arnaldo Domínguez y me junté con él. Esta primera reunión fue a principios del mes de octubre del 2020. Arnaldo Domínguez me comenta que inicialmente el trabajo que debía realizar era territorial. Esta comunicación fue de carácter verbal. Posterior a esta reunión acepté el trabajo y se me prometió la suma de 500 mil pesos. A este monto, además, se le adjuntaría un pago por 25 mil pesos de teléfono celular, ya que lo necesitaría para mis actividades. Se me indica que el lugar de trabajo sería en la oficina distrital del diputado Lavín León en Maipú", comentó el imputado.

De acuerdo con su versión, sus labores eran “llamar a candidatos a concejal para ofertarles el uso de la plataforma Socialtazk”.

“Este trabajo consistía en lo siguiente: Romina Molina o Arnaldo Domínguez me enviaban bases de datos con números de candidatos a los que debía llamar, solicitarles tener reuniones de capacitación por zoom y decirles que en esas capacitaciones se les enseñaría a utilizar la plataforma Socialtazk, a crear usuarios y a subir contactos de las bases de datos de cada uno de los candidatos. Además, si el candidato tenía muchas bases de datos y era mucho trabajo para él, podíamos pedirles esas bases de datos para que las ingresaran personas que estaban trabajando para la cámara de diputados en la oficina distrital. Ilse Palma e Irene Vera”, continuó.

De acuerdo con lo expuesto por Ogino, todas las coordinaciones en el interior de la oficina del diputado estaban lideradas por Arnaldo Domínguez, quien pagaba las remuneraciones y recibía instrucciones directas del diputado. Adicionalmente, precisó que “la asignación de mis metas de llamados, y tareas que debía realizar, me las iba dando Romina Molina, quien era la mano derecha de Arnaldo Domínguez”.

Dado que en un momento se vio con problemas de salud, sinceró ante la persecutora que le requirió a Dominguez que se le hiciera un contrato formal de trabajo, para así poder tener Fonasa. Este, como dijo, se hizo vía la Cámara de Diputados.

“El 20 de enero del 2021 me envía a mi WhatsApp el contrato que me iba a realizar para la Cámara de Diputados, por una renta de 500 mil pesos y fracción. Me pagaron sólo la mitad y posteriormente Arnaldo me pagó la diferencia. Este sueldo se mantuvo en los meses de enero a mayo del año 2021 en que se finiquito mi contrato con fecha 16 de mayo del 2021″, manifestó.

Según complementó, vio sólo dos o tres veces al otrora diputado Lavín y nunca mantuvo contacto directo con él, siempre su contacto era con otros funcionarios de la oficina.

El imputado agregó que luego de que se le hizo contrato se les pidió trasladarse a otra oficina, en Las Condes, donde funcionaba sede del comando del entonces candidato presidencial Joaquín Lavín Infante.

“Se nos pide a todo el equipo, que nos movilicemos a las oficinas de Av. Apoquindo, no recuerdo exactamente la dirección, pero en la comuna de Las Condes. Estas oficinas, tenía conocimiento de que eran de algún personero de la derecha, pero desconocía de quién eran. En estas oficinas continuamos realizando las mismas labores que estábamos realizando en la oficina del diputado Lavín en Maipú“, sostuvo.

Consultado por la fiscal sobre si sabía que ese era el comando de Lavín Infante el imputado lo descartó, junto con sostener que en un momento dejó de ir dado complicaciones con su hijo. Tras ello, en mayo, le pusieron término a su contrato.