El director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, formuló este miércoles una serie de reparos al proyecto del gobierno que crea un registro de vándalos e incivilidades y llamó al Congreso a discutir la iniciativa “con datos empíricos”.

Ljubetic participó este miércoles de la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde continúa el estudio del registro propuesto, que además cuenta con suma urgencia para su discusión legislativa.

En la instancia, el director explicó que expuso la posición acordada por el consejo del organismo, que elaboró un informe con observaciones a la iniciativa, y planteó seis aspectos que, a juicio del INDH, deben revisarse para que el proyecto sea compatible con la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos.

En ese contexto, sostuvo que el debate legislativo debe sustentarse en antecedentes objetivos.

"Como consejo del INDH, (pedimos) trabajar mucho con datos que orienten qué medidas son efectivas y cuáles no", afirmó.

Asimismo, agregó que "los buenos propósitos, finalmente pueden tropezar con la realidad y el mejor modo de que eso no ocurra es trabajar con mucha evidencia empírica".

En esa línea, cuestionó la forma en que fue elaborada la iniciativa y aseguró que “expresamos nuestra preocupación por la falta de datos empíricos sobre la cual se haya construido una propuesta como esta. Creo que varias de sus falencias se explican por la falta de evidencia sobre la cual fueron construidas“.

Los seis reparos del INDH al registro de vándalos

Como primer punto, Ljubetic advirtió un eventual conflicto con el principio de non bis in idem, que impide que una persona sea sancionada dos veces por un mismo hecho.

Según explicó, el proyecto podría abrir espacio a sanciones accesorias que protegen bienes jurídicos distintos de aquellos involucrados en la infracción original.

En ese sentido, sostuvo que “tenemos la impresión de que hay un riesgo evidente de que se vulnere este principio“, ejemplificando con el caso de una persona sancionada por realizar rayados, cuya conducta protege el derecho de propiedad, pero que además podría enfrentar consecuencias como la pérdida de beneficios tributarios, vinculados a un bien jurídico diferente.

Asimismo, cuestionó que entre las sanciones contempladas figure la pérdida de la Pensión Garantizada Universal (PGU) por conductas como el consumo de alcohol en la vía pública. "Son cuestiones muy diferentes que abren este riesgo“, afirmó.

Como segundo reparo, el director del INDH advirtió una eventual vulneración del principio de proporcionalidad.

A su juicio, el proyecto contempla un mismo régimen sancionatorio para conductas de distinta gravedad.

“Hay un conjunto de hechos reprochables, punibles, de muy distinta naturaleza, a los que se les aplica una misma perspectiva sancionatoria“, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó que la iniciativa equipara delitos graves, como atentar contra la vida de un fiscal o un funcionario policial, con incivilidades vinculadas al orden público.

En tercer lugar, Ljubetic sostuvo que el registro también es incompatible con el objetivo de reinserción social de quienes cumplen sanciones.

A su juicio, medidas como restringir el acceso a la gratuidad en la educación superior, becas o la PGU “van en sentido contrario, a incrementar los niveles de marginalización y, por lo tanto, la perspectiva de cambio o reincorporación saludable a la sociedad no se acerca y, al contrario, se aleja“.

El director del INDH también sostuvo que el proyecto podría infringir obligaciones asumidas por Chile en materia de derechos económicos y sociales.

Según explicó, excluir a una persona del acceso a beneficios sociales como sanción podría vulnerar el principio de no regresividad establecido en tratados internacionales.

Como quinto reparo, cuestionó que el registro tenga carácter público, debido al riesgo de estigmatización.

En ese sentido, advirtió que “su acceso generalizado e indiscriminado, como propone el proyecto, abre ese riesgo“.

Finalmente, Ljubetic sostuvo que la iniciativa podría producir efectos discriminatorios, ya que las sanciones propuestas afectarían con mayor intensidad a determinados sectores de la población.

A modo de ejemplo, mencionó nuevamente la gratuidad y la PGU, beneficios que tienen mayor impacto en personas de menores ingresos.

“Los efectos de esta medida pueden ser, aunque no se quiera, en sus consecuencias, discriminatorios“, concluyó.