La ONG Amnistía Internacional pidió este miércoles investigar como “crímenes de guerra” la muerte de niños y la “aniquilación de familias enteras” en Líbano, en el marco de los ataques perpetrados por el Ejército israelí a pesar del alto el fuego acordado con el partido-milicia libanés Hezbolá.

“Tres ataques aéreos perpetrados por Israel en el sur de Líbano en marzo de 2026 que mataron a 24 civiles -doce de ellos, menores- aniquilando a familias enteras deben investigarse como crímenes de guerra”, declaró Amnistía en un comunicado.

En este además indicó que, tras una serie de investigaciones, se hallaron “motivos razonables para concluir que en cada uno de estos ataques aéreos las fuerzas israelíes violaron el Derecho Internacional al no distinguir entre objetivos civiles y militares”.

En ese sentido, acusaron a Israel de “perpetrar ataques dirigidos contra civiles o bienes de carácter civil o no tomar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo el daño a la población civil”.

“En tan solo una semana, el Ejército israelí aniquiló familias enteras en Líbano, demostrando un cruel desprecio hacia las vidas civiles”, recalcó Kristine Beckerle, directora regional adjunta de la ONG para Medio Oriente y el norte de África.

“¿Cuántas familias más tendrán que sacar de los escombros los restos de los cuerpos de sus hijos e hijas antes de que termine este devastador ciclo de crímenes de guerra? La comunidad internacional debe actuar ya: los Estados deben imponer un embargo de armas integral e inmediato a Israel y usar la jurisdicción universal y extraterritorial para investigar y enjuiciar a los responsables”, afirmó.

Para después señalar: “Crece el temor de que el acuerdo más reciente, propiciado por Estados Unidos, entre Israel y Líbano pueda convertirse en otro obstáculo más para la justicia y niegue a las víctimas una vía a la rendición de cuentas”.

Los desgarradores testimonios de supervivientes y testigos de estos ataques ofrecen una escalofriante visión de lo que significa en la práctica la impunidad total de los ataques ilegítimos de Israel”, dijo.

De la misma forma, Beckerle recalcó que las autoridades libanesas “deben actuar con decisión y dar al Tribunal Penal Internacional (TPI) jurisdicción sobre los crímenes que se cometen en su territorio y respaldar las iniciativas de justicia internacional iniciando unas investigaciones nacionales creíbles e independientes sobre estos crímenes”.

“Sin una acción coordinada, nacional e internacionalmente, el ciclo de crímenes de guerra e impunidad continuará sin un final a la vista”, apuntó.

Según el Gobierno libanés, entre el 2 de marzo - cuando el conflicto se intensificó- y el 29 de junio, perdieron la vida en su territorio 4.257 personas, de las que más de 250 son niños y niñas.

La ONG explicó que a mediados de junio escribió a las autoridades israelíes para solicitar información sobre nueve atentados perpetrados en Líbano, incluidos los tres nombrados anteriormente, pidiendo aclaraciones sobre los objetivos militares seleccionados y las medidas adoptadas para evitar, reducir al mínimo, investigar o reparar los daños a la población civil.

En su respuesta del 22 de junio, las autoridades israelíes afirmaron que habían “revisado las denuncias presentadas” y que algunos ataques “se efectuaron contra objetivos militares de Hezbolá”, mientras que otros habían sido “remitidos para ser examinados”.

Asimismo, dijeron estar “comprometidos con mitigar los daños a la población civil durante las actividades operativas” y subrayaron que Hezbolá “aprovecha sistemáticamente infraestructura civil para fines militares”.

Pese a esta respuesta, el Ejército israelí “no facilitó información concreta sobre los tres ataques que se documentan o cuáles fueron sus objetivos”, recoge el texto del organismo.

Distinción entre objetivos militares y civiles

Amnistía también hizo hincapié en que el Derecho Internacional “exige que las partes distingan en todo momento entre objetivos militares y población civil o bienes de carácter civil, y que dirijan sus ataques únicamente contra objetivos militares”.

“Además de prohibir los ataques directos contra la población civil o bienes de carácter civil, el Derecho Internacional prohíbe los ataques indiscriminados que no distinguen entre objetivos militares y población civil o bienes de carácter civil”, sostuvo.

De la misma forma, señaló que “las partes en un conflicto deben asimismo asegurarse de evitar causar daños a la población civil y a los bienes de carácter civil, lo que incluye tomar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo los daños a la población civil y los daños a bienes de carácter civil”.

“Esto incluye hacer todo lo que sea posible para verificar que los objetivos que se prevé atacar son objetivos militares y detener los ataques si se hace patente que están dirigidos contra objetivos equivocados o que son desproporcionados”, argumentó.

Además, abordó las órdenes de evacuación de Israel ante posibles ataques y aclaró que “estas órdenes, excesivamente generales y carentes de información clara sobre rutas seguras (...) no constituyen avisos efectivos por adelantado”.

“Emitir estas órdenes no da a las Fuerzas Armadas israelíes el derecho a tratar estas zonas como áreas de fuego libre ni las eximen de sus obligaciones de respetar el Derecho Internacional, distinguir entre objetivos militares y civiles y adoptar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo el daño a la población civil”, apuntó.

La organización, que no ha encontrado pruebas que apunten a la presencia de objetivos militares en los ataques investigados, aclaró que son “parte de un patrón documentado de ataques ilegítimos en un contexto de ausencia total de rendición de cuentas”.

“La impunidad persistente de los ataques ilegítimos corre el riesgo de normalizar violaciones graves del Derecho Internacional y transmite el peligroso mensaje de que las fuerzas israelíes pueden seguir matando e hiriendo ilegítimamente a civiles sin que nadie las detenga y sin ninguna perspectiva de justicia ni de reparación”, aseveró finalmente Beckerle.