Vistiendo chaleco amarillo de imputado y con las manos esposadas reapareció el exdiputado Joaquín Lavín León este miércoles en el Séptimo Juzgado de Garantía.

A exactos dos meses de haber sido imputado como autor de los delitos de fraude al Fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, el exparlamentario de la UDI se presentó ante el tribunal para enfrentar una nueva formalización en su contra, esta vez por el presunto uso malicioso de datos electorales.

La fiscal Oriente Constanza Encina imputó a Lavín y a Felipe Vázquez por crear y utilizar la plataforma “SocialTazk” para manejar bases de datos de personas con la finalidad de enviar mensajes de texto para campañas electorales. La plataforma, según la Fiscalía, era pagada con fondos públicos.

Si bien los hechos ya habían sido mencionados a modo de contexto en la primera formalización, cuando Lavín quedó en prisión preventiva, fue ahora cuando el Ministerio Público formalizó la investigación por estos hechos.

“Al menos desde el año 2017 el imputado Joaquín Lavín León buscó la forma para hacerse de una herramienta para obtener, mantener y gestionar bases de datos de electores de todo el territorio nacional, para lo cual, en conjunto con el coimputado Felipe Vázquez, desarrolló un proyecto que denominaron ‘SocialTazk’, consistente en una plataforma digital para el almacenamiento y manejo de bases de datos y el envío de mensajería masiva de texto en el contexto de campañas electorales”, se señala en los hechos imputados el miércoles.

Ese negocio, de paso, implicó comercializar ilegalmente los datos del padrón electoral. Según expuso la Fiscalía, al menos desde 2018, Vásquez, a través SocialTazk, comercializó los datos del padrón electoral provenientes desde el Servicio Electoral de Chile (Servel) para ofrecerlo a sus clientes.

Dicho padrón incluía datos que son reservados, como los RUT de los electores, sexo y domicilio electoral: “Dichos antecedentes fueron obtenidos por el imputado Vásquez a través de los imputados Domínguez y Lavín León en el contexto de sus militancias políticas”. Eso, a juicio del Ministerio Público, constituye delitos incluidos en la ley electoral.

“Dicho proyecto fue desarrollado utilizando la sociedad creada por el imputado Vázquez al efecto y financiada mayoritariamente con fondos provenientes del Congreso, tanto mediante pagos de honorarios al imputado Vásquez como asesor parlamentario del coimputado Lavín León (entre julio de 2018 y agosto de 2019), como a través de la rendición de facturas de la empresa al Congreso, presentadas por Lavín León como supuestos gastos operacionales asociados a la función parlamentaria”, se añade por parte del Ministerio Público.

Según Encina, al menos entre marzo de 2020 y hasta agosto de 2024, Lavín León como diputado instruyó a su equipo de asesores parlamentarios que destinaran su jornada laboral en el Congreso para ingresar y validar en la plataforma las bases de datos que eran proporcionadas por los candidatos UDI en sus respectivas cuentas. Además, pedía que los contactaran telefónicamente para validar la información que mantenían de cada una de las personas.

“De esta forma, los funcionarios del Congreso destinaron prioritariamente sus jornadas laborales durante los años 2020 y 2021, a contactar telefónicamente a la totalidad de personas contenidas en las bases de datos electorales aportadas por los candidatos UDI, a capacitar a potenciales clientes en el uso de la plataforma e incluso a hacer llamadas de contenido electoral, llamando a votar por determinado candidato, labores de las que informaban diariamente sus avances al resto del equipo del parlamentario y al propio diputado”, se agrega en la imputación.

Para la Fiscalía, Lavín, en colaboración con los demás imputados, defraudaron al Fisco a través de la rendición fraudulenta de facturas de la empresa MODO 74, “simulando gastos operacionales asociados a la función parlamentaria, para obtener financiamiento para el desarrollo y mantenimiento de una herramienta de uso electoral, destinada a su beneficio personal y de terceras personas vinculadas a su partido político”.

De acuerdo a los registros contables que ha obtenido la Fiscalía, entre julio de 2018 y septiembre de 2019 Vázquez recibió por parte del Congreso honorarios por un total de $ 17.171.265. Asimismo, de acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos y de la Cámara de Diputados, se rindieron al menos 186 facturas entre 2018 y enero de 2026, por un monto total de $ 91.697.142.

En la jornada también fueron formalizados Shigue Ogino y Belén Carrasco, por el delito de fraude al Fisco. Ogino quedó con arresto domiciliario total, y Carrasco, con arresto nocturno.

En tanto, en la audiencia el tribunal acogió la extradición de Vázquez quien se fue a residir a España. En ese sentido, el juzgado deberá remitir esta información a la Corte de Apelaciones de Santiago para darle curso. Por último, el 31 de julio se realizará una audiencia de revisión de medidas cautelares donde Lavín León espera dejar Capitán Yáber.

En total, para el Ministerio Público, Lavín, Vázquez y Arnaldo Domínguez -otro asesor e imputado en la causa- defraudaron al Fisco a través de SocialTazk, causando un perjuicio al patrimonio público del Congreso Nacional por al menos $ 177.410.048.