Que había tiempo, que después no había, que la responsabilidad no era de la autoridad sanitaria y tampoco del Servicio Electoral. Esa fue la tónica que marcó la decisión que finalmente dejará a los electores que estén contagiados al 25 de octubre sin poder participar del reférendum. Las organizaciones de la sociedad civil hablan de "responsabilidades compartidas". Acá la cronología de las idas y vueltas de las autoridades.

Organismo despejó toda duda y afirmó que los electores con Covid-19 no podrán sufragar. La Moneda, en tanto, anunció que enviará proyecto a más tardar en diciembre para avanzar en un mecanismo de cara al resto de las elecciones.

Por segunda vez en esta jornada, Patricio Santamaría descartó la participación de contagiados con Covid en los comicios del 25 de octubre, tal como lo planteó la semana pasada el gobierno. Sin embargo, aseguró que para 2021" tenemos el compromiso moral y ético" de garantizar este derecho a todos quienes están imposibilitados de hacerlo.

El encuentro se llevó a cabo en La Moneda y contó con la presencia del consejo directivo del organismo a cargo de las elecciones en el país.

Mientras el organismo aseguró que “en ningún caso concurrirán a las urnas”, Ejecutivo descartó modificaciones legales para posibilitar el voto a distancia. Alternativas se agotan.

Protocolo redactado por el organismo hace un mes atrás fue modificado tras la ronda de reuniones con el mundo científico y organizaciones de la sociedad civil. El nuevo documento -y que se espera sea el definitivo- detalla, entre otras cosas, el tipo de elementos sanitarios que deberán portar electores y vocales. Sobre el pendiente más controvertido, señala que la opinión “unánime” de los expertos “es que personas con Covid-19 positivo, casos sospechosos y contacto estrecho, no voten”.

Lo audiovisual y digital primó este martes por sobre las actividades presenciales entre los adherentes de ambas opciones que estarán en la papeleta eleccionaria y que permitirán definir si Chile inicia un camino para una nueva Constitución o no.

Esto en medio del debate que ha surgido en los últimos días respecto a garantizar la votación de las personas que estén contagiadas con coronavirus el día de la elección.

Como todas las alternativas que se han planteado son imperfectas en estas anómalas circunstancias -a solo dos meses del plebiscito-, para bajar riesgos se impone la idea de que los contagiados no vayan a sufragar. Están de acuerdo en el Servel, aunque con alcances, en el Consejo Asesor COVID-19 y en el gobierno, pero falta que alguien tome la decisión y que la comunique. Se les podría prohibir con cargo a las mismas normas sanitarias que hoy castigan con multas si alguien rompe la cuarentena.

Ministros Paris y Bellolio sugirieron que esas personas -poco más de 16 mil, según el balance del Minsal- no vayan a sufragar en el plebiscito, mientras que desde el Servicio Electoral señalaron que eso requeriría un cambio legal y que están haciendo los esfuerzos para que participen. La fórmula, sin embargo, tiene complejidades.

En esta línea, Patricio Santamaría reiteró que se está buscando una fórmula para respetar el derecho a voto, que aún no está definida, y que será el “Ejecutivo y el Congreso” quienes tomen “eventuales decisiones que dejen sin derecho sufragio a determinadas personas”.

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral asegura que la carga de la pandemia retrasó procesos que eran fundamentales para la realización del referéndum, lo que terminó en "el extremo" de terminar delegando nuevas facultades al organismo. Con todo, el jefe del organismo encargado de la consulta constitucional señala que hay responsabilidades compartidas con el gobierno y el Congreso.

Desde el gobierno insistieron que las medidas sanitarias se implementarán de acuerdo a las circunstancias de los días previos al plebiscito.

Acuerdo incluye incorporar indicaciones al programa presupuestario del Servel para facilitar la contratación del personal que participará en la jornada de octubre.

Normativa fue aprobada ayer por la sala del Senado y despachada a la Cámara de Diputados. Permitirá al organismo dictar medidas sanitarias para un plebiscito seguro.