En las próximas décadas el mundo necesitará más cobre y otros minerales críticos. Chile, Argentina y Perú tienen los recursos, la experiencia y el capital humano para proveerlos. Pero, cada vez más, los proyectos mineros que se atrasan o no logran desarrollarse no lo hacen por la ley del mineral ni por el precio, sino porque no lograron ganarse la confianza de las comunidades.

Por mi experiencia en directorios mineros y en el trabajo con comunidades creo que la viabilidad de largo plazo de una empresa minera no descansa solo en sus cifras, sino en la legitimidad y la confianza que construye con su entorno. Esa legitimidad no es un costo. Es un activo, quizás el más difícil de obtener. Durante mucho tiempo, la relación entre minería y comunidades se entendió como una transacción: la empresa genera un impacto y lo compensa. El valor compartido propone otra lógica: que el éxito de la operación y el bienestar del territorio avancen juntos. Es diseñar el negocio para que crear valor económico también genere valor para las comunidades vecinas a la operación.

Como se logra:

1. Se gobierna desde el directorio. Si la relación con el entorno queda solo en manos de una gerencia, compite con la urgencia de producir y controlar los costos. Cuando el directorio la revisa con la misma seriedad que los resultados o la seguridad, cambia el foco de toda la empresa.

2. La información compartida genera confianza. Un monitoreo ambiental conjunto, con datos que la comunidad puede verificar, vale más que cualquier campaña.

3. Los acuerdos duran lo que dura la operación. Eso significa unificar los tiempos, con reglas claras y mecanismos de revisión, no compromisos al ritmo de cada conflicto.

4. El mejor beneficio deja capacidades. Empleo y proveedores locales, formación técnica y educación permanecen cuando el mineral se agota. 5. Lo que no se mide no se gestiona. La aceptación social, los compromisos cumplidos y los reclamos resueltos deben ser indicadores que el directorio sigue, igual que los indicadores cuantitativos.

Chile, Argentina y Perú comparten cordillera, geología y, cada vez más, inversionistas mineros. Cada uno ha tratado de consolidar la actividad minera en sus territorios. Perú destina por ley, a través del canon minero, una parte relevante del impuesto a la renta que pagan las mineras a regiones y municipios. Es un mecanismo potente, y que busca convertir los recursos en agua, salud y educación para su entorno. Argentina vive un nuevo impulso en cobre y litio, con provincias dueñas de sus recursos y un régimen de incentivos para grandes inversiones. Su desafío es que ese crecimiento nazca con acuerdos con las comunidades desde el inicio, no después. Chile ha avanzado en acuerdos directos entre empresas y comunidades, y tiene una institucionalidad ambiental sólida. El royalty minero de 2023 creó fondos para regiones y comunas mineras, un paso en la dirección correcta. Aun así, quedan como desafíos que se cumplan los plazos de la nueva ley marco de autorizaciones sectoriales y revertir la percepción de que la riqueza no se comparte con los territorios donde se genera. La lección común para la minería andina es que el valor compartido requiere tres piezas que avancen conjuntamente: recursos que lleguen al territorio, capacidad local para administrarlos y una relación directa y permanente con sus vecinos.

Si falta una, la confianza no se sostiene. Al Estado le corresponde dar certeza en los permisos, reglas claras a las consultas y asegurar que parte de la riqueza minera llegue efectivamente a las comunas donde se produce. Chile, Argentina y Perú compiten entre sí, y con Australia, Canadá y países de África, por el mismo capital minero. En esa carrera, el valor compartido ya no es un trámite: es un factor de competitividad. El país cuyos proyectos tengan legitimidad en su territorio atraerá la inversión y la mantendrá. Si los tres lo logran, la región andina podrá consolidarse como el gran proveedor de los minerales de la transición energética.