Con las exposiciones de los exministros de Hacienda Andrés Velasco y Manuel Marfán y los abogados Felipe Lizama y Juan José Romero, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio) culminó su trabajo este lunes en la tarde.

Posteriormente, la instancia, presidida por la diputada Marcela Hernando (radical), recomendó rechazar el texto por 3 votos. Solo a favor se pronunció Luis Sánchez (republicano), mientras Joanna Pérez (Ind.) se abstuvo. Sin embargo, los diputados acusadores lograron este lunes al menos dos avales jurídicos en las exposiciones de los abogados Lizama y Romero, aun cuando los extitulares de Hacienda reiteraron sus reparos al libelo.

Independientemente de esas disquisiciones en el plano académico, la acusación se definirá por los votos en la sala y por consideraciones esencialmente políticas.

La presentación de cuatro capítulos, redactada por libertarios y republicanos, tiene como reproche central los errores en la proyección de la deuda pública y en la elaboración de la Ley de Presupuestos, a pesar de advertencias de organismos como el FMI y el Consejo Fiscal Autónomo.

Si bien hasta el cierre de esta edición, la acusación aún tenía una base del alrededor de 79 votos para ser aprobada en la Cámara (básicamente por el apoyo mayoritario de la derecha y el PDG), el desenlace será más estrecho de lo esperado. La primera razón es que hay 10 permisos para ausentarse, lo que altera completamente los cálculos para aprobar. En segundo lugar, hay algunos legisladores oficialistas que ya han adelantado que votarán en contra o bien siguen en suspenso.

Entre ellos están los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Joanna Pérez (independiente, ex Demócratas, asociada a RN).

Sin embargo, el principal desmarque se está evidenciando en la bancada de Renovación Nacional.

Hasta inicios de la semana pasada la principal disidente al libelo de los libertarios y republicanos era la diputada Ximena Ossandón (RN), actual vicepresidenta de la Cámara.

El jueves Andrés Celis (RN) adelantó su rechazo y este fin de semana lo hicieron Luis Pardo (RN) y Diego Schalper (jefe de bancada de RN).

“Si queremos provocar un cambio de rumbo efectivo y positivo para Chile, tenemos que atrevernos a hablarle a Chile, más que a los nichos electorales, superar la polarización y cuidar las instituciones; claramente esta AC nos aleja de ese propósito. Votaré en contra”, escribió Pardo en una columna publicada en La Tercera.

“Chile no puede seguir con la temporada de acusaciones constitucionales porque eso es propio de los países bananeros”, dijo Schalper este lunes, cuyo anuncio de que iba a votar en contra -manifestado en una entrevista en Canal 13 el domingo- provocó un nuevo conflicto en la derecha.

Estos argumentos y en especial la exposición crítica que hizo la semana pasada la académica y expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña (independiente, pero referente en la derecha) también pesó en la bancada de RN.

De hecho, hay un grupo de diputados de esa colectividad, Claudia Mora, Mauro González y Juan Carlos Beltrán, que señalan estar en reflexión.

“Lo estoy analizando”, dijo Beltrán.

“Más allá de los antecedentes, del informe, de la responsabilidad política sobre este desorden y responsabilidad fiscal del exministro Grau, a mí lo que me preocupa es el tono y el destino de estas acusaciones. Si vemos los últimos cuatro años, hemos visto tantas acusaciones que no prosperaron, que no terminaron en absolutamente nada, transformándose en un gasto de tiempo, en un gasto de recursos públicos... En lo personal, lo voy a resolver mañana mismo cuando inicie la sesión”, señaló González.

A favor de libelo, no obstante, ya se decantaron comprometiendo sus apoyos los diputados Eduardo Durán (RN), Tomás Kast (Evópoli) y Rodrigo Ramírez (indep. RN), además de Daniel Valenzuela (Ind. RN) y Francisco Orrego (RN), quienes firmaron la presentación.

Avales del libelo

Este lunes, la comisión escuchó, por primera vez, voces de juristas que defendieron jurídicamente el libelo.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Juan José Romero, sostuvo que vislumbraba un deber y una directa relación del ministro de Hacienda con la Dirección de Presupuestos, con la información y con proyecciones. Y si bien planteó que puede haber errores, se preguntó si tenían una “justificación razonable”.

Y agregó: “¿Se puede explicar esa información? Pero no de cualquier manera. Los supuestos en base a los cuales se hace una proyección, ¿son razonables o son completamente irrealistas? Si no son realistas, mínimamente, bueno, un puede sostener que hay cumplimiento (del deber)“.

A su turno, el abogado Felipe Lizama afirmó que “existiendo bastantes normas sobre la administración financiera del Estado; existiendo una vinculación en sede administrativa de la división de Presupuestos con el Ministerio de Hacienda; existiendo un reproche que podría evaluarse de carácter constitucional sobre la línea de mando; si han existido observaciones de otros órganos (...), uno puede razonablemente concluir que existen antecedentes para decir que hay al menos una infracción a la ley”.