Esta semana en el Congreso se empezó a tramitar la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En ese contexto, en La Moneda ya definieron el diseño para enfrentar la discusión parlamentaria. En el Ejecutivo se pusieron como plazo a más tardar la semana de navidad para tener despachadas todas las iniciativas y, por lo mismo, esperan que la discusión en el Congreso sea más fácil que lo que ocurrió con la megarreforma, donde no lograron amarrar los votos de la oposición.

Con eso en mente y pensando en sumar al menos el respaldo de los partidos del Socialismo Democrático, en el gobierno la estrategia será apelar al respaldo y la popularidad que tienen las iniciativas en seguridad pública para evitar traspiés en la sede legislativa.

En La Moneda, según sondeos internos que tienen y las encuestas públicas que se han dado a conocer durante los últimos días, saben que la agenda presentada por el Mandatario tuvo un buen recibimiento en la ciudadanía. Esto, en un contexto en el que además la crisis de seguridad es una de las principales preocupaciones.

Por lo mismo, la apuesta es ocupar ese respaldo para asegurar la rápida tramitación de las más de 19 iniciativas. Entre ellas, una reforma que busca elevar a rango constitucional la seguridad pública y que será clave para que el gobierno pueda ejecutar parte de su agenda.

En el Ejecutivo apuntan a que los partidos de oposición tendrían poco espacio para rechazar los proyectos del gobierno debido a que tendrían costos políticos ante la opinión pública, lo que afirman ya se ha visto en las conversaciones con algunos parlamentarios. Incluso, algunos como el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, llamaron públicamente a contribuir y colaborar en la discusión.

Esta semana, quien dio cuenta de esa estrategia fue el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado. El lunes, en su vocería tras el comité político ampliado, consultado por las primeras críticas de la oposición contra la reforma constitucional, recalcó que “decir que no a un proyecto de estas características no es decirle que no al gobierno, o a una iniciativa del Ministerio de Seguridad, sería decirle que no a iniciativas que la ciudadanía viene esperando durante mucho tiempo”.

El martes, en tanto, volvió a reforzar esa postura. “Si esto no resulta o no funciona, es oponerse a una demanda de la ciudadanía (...). Eso va a hacer que actuar como bloque opositor, negando la posibilidad de avanzar, sea prácticamente imposible”, dijo en entrevista con T13.

En paralelo, algunos parlamentarios también han salido en esa línea durante los últimos días.

“Desde ciertos sectores de la oposición van a estar buscando sistemáticamente cualquier excusa para tratar de oponerse a esto. Y va a ser curioso, porque como son reformas y son materias que gozan de un amplio respaldo ciudadano,probablemente lo que veamos de aquí para adelante van a ser excusas de forma y no de fondo”, planteó el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno.

Su par de la UDI, Flor Weisse, en tanto, recalcó que seguridad “es la urgencia para los chilenos. Cada una de las medidas que está considerada, más de 30 proyectos, son temas que son de ultra urgencia, es lo que los ciudadanos quieren. Todos sabemos lo que hay en cuanto a opinión pública en las encuestas”.

Ni La Moneda ni en los partidos esconden que la conversación con la oposición se tendrá que dar por dos carriles: por un lado, con los partidos del Socialismo Democrático, y por otro, con el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

Reflejo de lo anterior -dicen- es que durante el martes la Sala de la Cámara aprobó en general la denominada ley Naín-Retamal 2.0, que amplía la legítima defensa privilegiada a funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros que se encuentren de franco, justamente sin los votos de esas últimas colectividades.

“Chile camina a paso firme para recuperar su seguridad, a pesar de los mismos de siempre que votan en contra”, apuntó el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) tras su aprobación.

En este contexto, en Palacio no esconden que, de ser necesario, van a asumir una postura similar a la que mantuvieron para la tramitación de la megarreforma, donde presionaron para que el Socialismo Democrático se desmarcara del PC y del Frente Amplio.