El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó a la controversia en torno a la Secretaría General del Senado, cargo que ocupaba Raúl Guzmán, luego de que el senador Manuel José Ossandón (RN) lo acusara de una eventual falsificación de instrumento público en el marco de su subrogancia tras dejar el puesto el pasado 10 de marzo.

La disputa se remonta al 27 de enero, cuando en la Comisión de Régimen Interior -instancia encargada de supervisar el funcionamiento administrativo de la Cámara Alta- se definió el orden de subrogancia para reemplazar a Guzmán. En esa oportunidad, se estableció que asumiría como interina la abogada Ximena Belmar; en su ausencia, el abogado Julio Cámara; y, en tercer lugar, María del Pilar Silva.

Sin embargo, el 10 de marzo, cuando aún presidía el Senado, Ossandón cuestionó ese acuerdo y sostuvo que lo resuelto no correspondía a lo efectivamente adoptado por la instancia. En ese contexto, advirtió que el oficio respectivo “podría ser falsificación de documento público. Si así fuera, sería gravísimo. Lo único que me quedaría es denunciarlo”.

Tras sus declaraciones, el parlamentario solicitó a la actual presidenta de la corporación, Paulina Núñez (RN), el inicio de una investigación interna.

En medio de esta controversia —y con Julio Cámara ejerciendo como secretario general subrogante— el CDE decidió intervenir para recabar antecedentes sobre la acusación.

En un oficio fechado el 19 de marzo, emanado desde la Procuraduría Fiscal de Valparaíso, el organismo señaló que “a través de diversas publicaciones de medios de prensa, este servicio tomó conocimiento de la imputación efectuada por el senador Sr. Manuel José Ossandón, de la participación culpable en el delito de falsificación de instrumento público, atribuida al exsecretario general del Senado, don Raúl Guzmán Uribe, en el marco del nombramiento del funcionario subrogante de dicha Secretaria General”.

Por lo anterior, el CDE solicitó a Cámara que, en virtud del artículo 54 de su ley orgánica, remita los antecedentes disponibles sobre la imputación. Asimismo, requirió informar si se ha presentado o se presentará una denuncia ante el Ministerio Público por estos hechos.

El oficio del CDE es una señal de que el organismo sospecha de la comisión de eventuales delitos por parte de Guzmán. Quienes han sabido del asunto comentan que Ossandón preparó un dossier con todos los antecedentes para sustentar la denuncia que hizo en público contra Guzmán.

Esos son los documentos que deberán remitirse al consejo para que el comité penal evalúe la presentación de una querella en contra del exfiscal regional Metropolitano Sur.

Para nadie en el Congreso es una sorpresa la distancia que existe entre Ossandón y Guzmán. De hecho fue el senador quien meses atrás, cuando aún presidía la testera, hizo lo posible por no renovar el mandato de Guzmán, quien contaba con el apoyo de, por ejemplo, la bancada de senadores del Partido Socialista.